as diferentes instancias electorales han venido perdiendo credibilidad por sus actuaciones erráticas y en muchos casos por actuar con dolo, como es el caso del estado de México, en favor de del gobernador Peña Nieto y del PRI. Los diferentes institutos y tribunales en el país, lamentablemente, han perdido confianza de la sociedad, pues han sido rehenes de los partidos políticos a través de las llamadas cuotas de poder. Se han contaminado dichas instancias, como el IFE, que llegó a gozar de respeto y plausibilidad. Recordemos que en gran medida garantizaban procesos electorales confiables; vía comicios competitivos apegados a la legalidad se otorgaba legitimidad a los actores. La autonomía y ciudadanización de dichos espacios parece haber sido un accidente de la transición. Podríamos resumir que el difícil tránsito de las instituciones electorales colonizadas ahora por los intereses políticos y el control del gobierno, atraviesan ahora por un estado de vulnerabilidad extrema que pueden poner en riego los propios procesos electorales.

Las estructuras electorales son instituciones formalmente autónomas, pero en realidad están subordinadas a intereses específicos de los gobernadores y sus arreglos con los partidos políticos. Es decir, existe una notoria y clara regresión del andamiaje electoral que la sociedad mexicana ha venido construyendo desde la década de 1990 en detrimento de la dimensión ciudadana a la que se aspiró. Actualmente se percibe al IFE, a los institutos estatales y tribunales electorales como frágiles frente a los poderes fácticos y políticamente vacilantes.

Uno de los casos más palpables lo encontramos en el estado de México. El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) en el pasado proceso electoral ha sido evidente y absolutamente parcial en favor del gobierno priísta. Las principales decisiones electorales del IEEM han sido tan arbitrarias que han vulnerado la legalidad al grado de que muchas de estas decisiones han sido cuestionadas por los propios tribuales. Nos referimos al caso del video de García Cisneros; a la actitud omisa del consejo general del IEEM frente a la propaganda gubernamental; su postura de exoneración frente a los actos anticipados de campaña de Eruviel Ávila y, después de que el tribunal le enmienda la plana, impone una ridícula sanción de 25 mil pesos. Hay que sumar, entre otros muchísimos ejemplos, la postura imprecisa y vacilante del IEEM frente a la revisión precautoria de los posibles rebases de topes de campaña del PRI; los consejeros prometieron dar a conocer los resultados pero en 2012. Afortunadamente el tribunal le ordena hacerlo antes de que sea emitida la constancia de mayoría.

Ahora tenemos el caso de la demarcación y redistritación electoral. Una falta gravísima que el IEEM está tentando a riesgo de dinamitar en conjunto del proceso electoral municipal de 2012 que se avecina. Las declaraciones del consejero Jesús Castillo Sandoval, presidente del consejo general del IEEM, son alarmantes en extremo. Él se ha pronunciado por posponer la demarcación, argumentando falta de tiempo y la complejidad técnica. Este ejercicio sólo se podría realizar para que se aplique en las elecciones de 2015. Es una cuestión delicada, pues la última demarcación que se realizó en el estado de México fue con los datos del censo de 1990. Han pasado más de 20 años y ese estado de México ya no existe, es decir, hay un desactualización electoral de dos décadas.

Demográficamente la entidad mexiquense ha sufrido diversas transformaciones, fruto de la vertiginosa dinámica de movilidad demográfica. Toda democracia basa su legitimidad en principios de igualdad y equidad de los ciudadanos en el valor de su voto. La dinámica poblacional de movilidad y crecimiento impone que la autoridad de tiempo en tiempo debe revisar aquellos desequilibrios que produce la dinámica sociodemográfica, los cuales pueden traducirse en sub o sobrerrepresentación. Es un mandato constitucional federal revisar periódicamente los 300 distritos electorales; el último realizado por el IFE fue en 2004-2005 con datos del censo de población y vivienda de 2010.

En 1990 había en el estado de México poco menos de 10 millones de habitantes y en 2011 son poco más de 15 millones. El IEEM cuenta con 45 distritos electorales distribuidos en 125 municipios, en estos 20 años se han producido evidentes distorsiones. Por ejemplo, Coacalco, distrito 38, de donde es Castillo Sandoval, cuenta con un padrón de 538 mil 651 votantes frente al distrito 11, de Santo Tomás, que apenas alcanza 8 mil 813. O el distrito 31 de La Paz con 537 mil 871 en contraste con el distrito 8 de Sultepec, con 78 mil 286. Aquí no hay equidad porque el voto no tiene el mismo valor. Para elegir diputados por distrito en este esquema se quebranta el principio constitucional de la equidad del voto. Por ello deben realizarse los ejercicios periódicos de demarcación y redistritación electoral. Hay un riesgo de sobrerrepresentación de las áreas rurales del sur del estado, dominadas ampliamente por el PRI, y una subrepresentación en las áreas conurbadas a la zona metropolitana de la ciudad de México.

Jesús Castillo Sandoval, presidente del IEEM, está quebrantado los principios democráticos y constitucionales que deben regir toda elección; el principio de una persona, un voto es una regla básica de representatividad a la hora de definir el mapa electoral de los distritos. Existen también otros principios no menos importantes que sustentan una permanente actualización en el trazado de la demarcación distrital. Éstos son: la representatividad, es decir, los votantes deben elegir a sus representantes dentro de un área tanto geográfica como de intereses. Justificando arduas tareas técnicas, el IEEM amenaza con abandonar la redistritación ante el beneplácito de la bancada priísta en el Congreso local. Sin embargo, el trabajo técnico está listo desde hace tiempo, pues este proyecto fue frenado por la reforma electoral de 2008, mandatando al IEEM esperar los resultados del censo de 2010. Los consejeros caerían en falta no sólo administrativa sino se arriesgan, por desacato, a un juicio político.

Existe una atmósfera de debilitamiento de la legitimidad de las instituciones autónomas y de la propia gobernabilidad; probablemente las expectativas sobre la democracia fueron sobredimensionadas. El altísimo grado de abstención en el estado mexiquense es un llamado para empezar a realizar cambios profundos en los órganos electorales.