Dirigentes comunitarios de la Zona Lacandona de Chiapas llegaron a un acuerdo para solucionar conflictos agrarios, ambientales, culturales y sociales que mantuvieron durante 40 años.

El acuerdo entre Bienes Comunales Zona Lacandona (BCZL) y Aric Unión de Uniones Independiente y Democrática se inscribe en un marco de defensa contra intenciones del gobierno federal de desalojar habitantes de la zona, con el argumento de que se asientan en área protegida.

En conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en la ciudad de México, representantes de las partes se refirieron en particular al riesgo para los poblados San Gregorio, Salvador Allende y Ranchería Corozal, donde se asientan 100 familias.

Vicenta Méndez Ruiz, presidenta de la Aric, manifestó que el acuerdo suscrito es una derrota a la política que durante más de 40 años alentó e impuso el gobierno para dotar de tierra a indígenas de Chiapas dentro de los BCZL, lo que a su vez causó un enfrentamiento entre su agrupación y los Bienes Comunales, propiciando (además) la expulsión de poblados que no alcanzaron a ser regularizados.

Pero hoy informamos al pueblo de México que la Aric y sus pueblos, junto con los BCZL hemos llegado a un acuerdo: no más desalojos de hermanos indígenas. Hemos llegado a la conclusión, indicó, que la salida jurídica es impedir que San Gregorio, Salvador Allende y Ranchería Corozal sean expulsados, así que pidieron al presidente Felipe Calderón expropiar las tres tierras en riesgo en favor de los Bienes Comunales Zona Lacandona.

Su presidente, Chankin Kimbor, explicó a su vez que en el área siempre ha habido problemas agrarios, entre otros, debido a la pérdida de hectáreas que a lo largo de los años han decretado las autoridades, y que han derivado además, en el asentamiento de poblaciones irregulares, como los pertenecientes a la misma Aric.

Manifestó que esa situación creó condiciones de inestabilidad social por la lucha de la tenencia de la tierra, crecimiento de la población –incluidos 7 mil jóvenes, hijos de comuneros, que actualmente demandan tierras para sus propias familias–, confrontación con ejidos colindantes, protestas de organizaciones sociales y civiles, entre otros puntos.