Trabajadores despedidos de la Secretaría de Gobernación (SG) denunciaron que existe omisión y complicidad de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para alargar o ignorar las demandas no sólo por asuntos laborales, sino de presuntas irregularidades administrativas en la dependencia que encabeza Francisco Blake.

Ello nos deja en estado de indefensión, señalaron los trabajadores, algunos de los cuales (adscritos a oficinas centrales de la dependencia, así como del Archivo General de la Nación) perdieron su empleo en los primeros días de este año.

Han difundido esta situación ante instancias de los poderes Ejecutivo y Legislativo, y en organismos autónomos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

A raíz de varios oficios entregados en Los Pinos (particularmente porque uno de los despedidos de manera abrupta, luego de 22 años de antigüedad y sin que mediara un antecedente negativo de su desempeño laboral, es discapacitado), el presidente Felipe Calderón envió el 4 de julio pasado al secretario Blake un oficio en el que le recuerda que “como parte del Ejecutivo federal debe actuar en estricto apego a la legalidad y a los derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte.

Por lo anterior, le instruyo que se fortalezcan las medidas necesarias al interior de esa dependencia para asegurar que en el ejercicio de sus atribuciones se evite cualquier práctica indebida o abusiva y toda acción ilegal que transgreda los derechos de las personas, así como para que se denuncien los hechos probablemente constitutivos del delito que se presenten ante las autoridades competentes, como lo ordenan nuestras leyes, y se coadyuve con éstas a fin de determinar la responsabilidad y sanciones correspondientes en cada caso, se precisa en la carta rubricada por el jefe del Ejecutivo.

Centenar de demandas

Según información de los empleados denunciantes, en el primer semestre de este año la SG fue objeto de un centenar de demandas por despido injustificado y reclamos por basificación.

Documentos oficiales –obtenidos por solicitudes de información pública– revelan que en cinco años (2006-2011) sólo 17 trabajadores de la SG lograron su basificación, de las que siete corresponden al Instituto Nacional de Migración.

Adicionalmente, afirman, las autoridades administrativas de la SG se niegan a entregar documentos (como el comprobante de baja), indispensables para continuar con los litigios o el cobro de seguros.

Anomalías internas

En contraparte, añaden, los funcionarios de la secretaría determinan de manera unilateral quién es considerado gabinete de apoyo (personal que puede ser despedido sin responsabilidad para el empleador) sin contar para ello con la autorización de la SFP.

A nivel interno, continúa también la reducción de posibles ingresos adicionales para el personal de menor salario y ningún avance en la petición de homologación o aumento salarial para empleados de diversas áreas, mientras los sueldos de los altos funcionarios siguen intactos.

Por ejemplo, un director general adscrito a la oficina del secretario Blake, con un año de antigüedad, percibe como sueldo 8 mil 381 pesos a la quincena, pero de compensación garantizada –también de pago quincenal– recibe 68 mil 699.

Según los recibos de pago a los que tuvo acceso este diario, un puesto de ese nivel registra 91 mil 842 pesos como percepción total quincenal y, con los descuentos correspondientes (impuestos, seguros de vida, fondo de indemnización al erario, seguro de gastos médicos mayores, seguro para el retiro y seguro de separación individual), el importe líquido queda en casi 50 mil pesos.