La intervención de agentes estadunidenses en México, con el pretexto del combate a la inseguridad y teniendo como base de operaciones instalaciones militares, es inconstitucional, sostuvo el especialista en seguridad nacional Erubiel Tirado, quien aseveró que la revelación hecha por el diario The New York Times debe ser tomada en cuenta por el Congreso en la elaboración de la ley de seguridad nacional, donde queden definidos los términos del compromiso de la soberanía en materia de cooperación antidrogas.

Añadió en entrevista que, en caso de que exista un acuerdo de cooperación con Estados Unidos en la materia, éste se debe hacer público, para que la sociedad conozca los alcances de la presencia de fuerzas extranjeras en territorio nacional.

Entrevistado en relación con la información publicada por The New York Times, que reveló la creciente intervención de integrantes de las agencias Central de Inteligencia y Antidrogas en México y el uso de instalaciones militares en el norte del país para crear una fuerza bilateral anticrimen, el maestro en derecho por la London School of Economics y encargado del diplomado de Seguridad Nacional de la Universidad Iberoamericana, sostuvo que el tema es particularmente grave, porque las intromisión de agencias estadunidenses no parte de acciones unilaterales del vecino país, sino del llamado expreso del presidente Felipe Calderón a Washington de que necesitamos que nos ayuden en labores de inteligencia, vigilancia electrónica y aviones no tripulados en territorio mexicano, sin que haya rendición de cuentas.

Tampoco sabemos, subrayó, en qué condiciones opera este mecanismo de cooperación con Estados Unidos.

En cambio, para el general de división retirado Luis Garfias Magaña el problema con la información referida radica no tanto en la colaboración en sí, que ya tiene Estados Unidos con otras naciones latinoamericanas como Brasil y Argentina, sino en la falta de información del gobierno mexicano sobre los acuerdos.

La desinformación genera cuestionamientos que hablan de traición a la patria y de otras cosas que no son ciertas, dijo Garfias, quien aseveró que la Secretaría de la Defensa Nacional y el jefe del Ejecutivo federal deben hacer públicos los acuerdos con el gobierno de Barack Obama.

Por su parte, Tirado subrayó que “el gobierno mexicano está equivocado; apenas está en investigación el operativo Rápido y furioso, que originaron unilateralmente las agencias estadunidenses, cuando ya estamos entrando en un nuevo esquema de mayor vulnerabilidad”.

Es muy grave que no haya claridad de parte del Ejército Mexicano ni del gobierno federal sobre el uso de instalaciones militares estratégicas para el combate anticrimen con la participación de agentes del vecino país, indicó.

Si hay un acuerdo entre los presidentes Calderón y Obama, que se haga público, a ver si de veras los que criticamos estamos equivocados. Porque no hay manera de validar constitucionalmente la presencia de agentes extranjeros sin el permiso del Senado de la República.

La revelación del New York Times, en un régimen democrático, habría generado una crisis en el gabinete de seguridad que alcanzaría al propio secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván, y al embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhán, sostuvo Tirado.

Advirtió también que cuando ocurran los llamados daños colaterales en operativos anticrimen en los que participen los agentes estadunidenses, nadie va a responder por ello, ni el gobierno mexicano ni el estadunidense, y eso no lo están diciendo, señaló en alusión a la postura que fijó el vocero para temas de seguridad nacional, Alejandro Poiré, quien sostuvo que la presencia de los agentes del vecino país se da conforme a derecho y en apego a la Constitución.