Tultitlán, Méx., 11 de agosto. Vecinos de este municipio intentaron desalojar y cerrar la Casa del Migrante San Juan Diego, lo que obligó a suspender la procesión que indocumentados, activistas de derechos humanos y de la caravana Paso a paso por la paz pretendían realizar para exigir el esclarecimiento del homicidio del indígena guatemalteco Julio Fernando Cardona Agustín, ocurrido el 8 de agosto en la colonia Lechería, donde se ubica el albergue.

Jorge Rodríguez Juárez, presidente del Consejo de Participación Ciudadana (Copaci), y Víctor Adrián Gómez, delegado de la colonia Lechería, plantearon que la casa del migrante está rebasada en capacidad para atender a cientos de indocumentados que llegan a la comunidad.

Los migrantes se han adueñado de nuestra calles, ahí pernoctan, defecan al aire libre, algunos roban y piden dinero; otros, no todos, se drogan, emborrachan y faltan el respeto a nuestras mujeres y niños, expuso Justino Espinosa Cruz, residente de la calle cerrada de la Cruz, colonia Lechería donde se ubica la Casa del Migrante San Juan Diego, fundada el 19 de enero de 2009.

Los vecinos dijeron estar temerosos por la inseguridad que traen los enganchadores, quienes contactan a los migrantes con la promesa de llevarlos a Estados Unidos, además de los traficantes de indocumentados, que portan armas de alto poder y alquilan casas de la colonia para realizar sus actividades.

Desde temprano, los colonos hicieron repicar las campanas del templo San José Obrero y se reunieron allí con la intención de cerrar el lugar. Insistieron que el predio –que ocupa la iglesia y el salón parroquial (donde se aloja el albergue)– fue adquirido hace 40 años con dinero de los colonos y que sólo pretenden recuperar lo que les pertenece y amenazaron con bloquear la vía José López Portillo.

En representación del presidente municipal, Marco Antonio Calzada, llegó Angélica Valdespino, de la dirección de Atención Ciudadana, pero los colonos exigieron hablar con el edil, a quien acusaron de no resolver nuestras demandas.

Casi a la misma hora comenzaron a reunirse los activistas defensores de los migrantes, entre ellos la senadora Yeidckol Polevnsky, para sumarse a la procesión en demanda de seguridad para los indocumentados y resultados en la investigación por el homicidio de Julio Fernando, de 19 años de edad, indígena mam de San Marcos, Guatemala, asesinado el 8 de agosto, tres días después de que llegó al refugio con la Caravana paso a paso por la paz en busca de su hermano extraviado.

Dada la agresividad de los colonos, el sacerdote Hugo Raudel Montoya Ontiveros, responsable del albergue, decidió cancelar la precesión. No obstante, advirtió: La casa no se cierra, porque es un espacio de ayuda humanitaria para migrantes y es responsabilidad de la Iglesia católica.

Montoya Ontiveros admitió que muchos pobladores de la colonia Lechería están inconformes con la presencia de dicho centro, pero explicó que el origen de los problemas es la falta de infraestructura del albergue.

Eso ha provocado que vivamos bastante apretados, y los vecinos han estado hablando con el ayuntamiento para sacarnos. Yo los he escuchado pero creo que sus medios son incorrectos, porque lo que quieren es el cierre de la casa, y antes tenemos que contar con alternativas, afirmó el religioso en entrevista telefónica.

Hemos recibido insultos y amenazas, aunque no de muerte. Hay mucha ira y desesperación porque dicen que ha habido robos e intentos de violación, y culpan a los desconocidos, pero mi postura es la de la Iglesia y me voy a mantener aquí, adelantó.

Montoya Ontiveros expuso que el albergue debe ser reubicado porque el espacio no es suficiente ni digno; ya existe una mesa de diálogo con el gobierno federal para que sea construido un espacio adecuado, pues la casa no tiene más de 200 metros cuadrados y llega a alojar hasta 300 personas por día.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos anunció que ya dio inicio a una investigación por el asesinato del migrante guatemalteco Julio Fernando Cardona.