Nueva York, 29 de agosto. Una juez federal suspendió temporalmente la implementación de la ley antimigrante más severa del país en el estado de Alabama ante demandas legales y la feroz oposición de agrupaciones latinas, el Departamento de Justicia y líderes cristianos que la denuncian como inconstitucional y racista.

La ley estatal aprobada por el estado de Alabama que criminaliza a los indocumentados estaba por entrar en vigor el primero de septiembre. La juez federal Sharon Blackburn frenó temporalmente su implementación con el argumento de que necesita más tiempo para evaluar si es inconstitucional, como sostienen en sus demandas el gobierno de Barack Obama y, por separado, varias agrupaciones de derechos civiles y religiosas. Indicó que emitirá un fallo el 28 de septiembre.

La ley, considerada tanto por promotores como por opositores la legislación antimigrante más extensa y severa del país, criminaliza casi toda actividad de inmigrantes indocumentados, pero también a cualquiera que los asista. Tipifica como delito transportar, emplear, ofrecer o alquilar vivienda o asistir de cualquier manera (incluyendo dar albergue) a un indocumentado. Obliga a las escuelas a verificar la condición migratoria de sus estudiantes y permite a la policía encarcelar a sospechosos de ser indocumentados si son detenidos por infracciones de tránsito.

Más aún, la ley invita a los ciudadanos a demandar a la policía o a funcionarios judiciales del estado si consideran que no están aplicando esta ley.

La medida es similar, pero más feroz, a la de Arizona, como otras aprobadas en Utah, Indiana y Georgia, las cuales han sido suspendidas en parte o completamente por jueces federales y permanecen bajo disputa judicial. Promotores y opositores de la ley en Alabama coincidieron hoy en que esto es sólo una primera etapa de lo que promete ser un litigio a largo plazo, y expresaron satisfacción con la decisión de la juez; el gobernador Robert Bentley y líderes legislativos republicanos están felices porque la juez no anuló partes o toda la ley, y los opositores se sienten aliviados de que la ley no entrará en vigor por ahora.

Igual que en la disputa en Arizona y otros estados, el gobernador Bentley y líderes legislativos republicanos sostienen que estas leyes estatales son necesarias porque el gobierno federal no cumple con las leyes de migración federales. El Departamento de Justicia, por su lado, argumentó ante la juez que la administración de las leyes migratorias es ámbito exclusivo del gobierno federal y que los estados no pueden promulgar sus propias leyes sobre este rubro.

Pero, igual que en otros estados, en el vacío político generado por la falta de una reforma migratoria nacional, políticos conservadores en decenas de estados han nutrido una ola antimigrante a nivel nacional.

Por otro lado, el cambio demográfico creado por la inmigración en zonas relativamente nuevas del país, como Alabama, han impulsado respuestas políticas como las manifestadas en estas leyes. Por ejemplo, según las cifras más recientes del censo, la población latina de Alabama se ha más que duplicado durante la ultima década, a un total de 186 mil en 2010.

En el estado residen unos 120 mil indocumentados, calcula el Centro Hispánico Pew basado en cifras del censo, comparados con 25 mil hace 10 años y 5 mil en 1990.

Tal vez lo más notable de este asunto en Alabama es la demanda presentada contra la ley por un cuarteto de líderes cristianos –un arzobispo y un obispo católico, un obispo metodista y uno episcopal–, que argumentan que la ley es tan extrema que criminaliza el trabajo caritativo básico de toda iglesia –o sea, criminaliza lo que ellos llaman la compasión cristiana– y con ello viola su libertad de religión.

La Unión Estadunidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) también presentó una demanda contra la ley, con el argumento de que viola derechos y libertades fundamentales de expresión y tránsito de personas, como exponer a todo un sector poblacional –en este caso latinos– a la discriminación y el hostigamiento.

Hoy, antes del fallo temporal de la juez, el New York Times publicó un editorial sobre el asunto, bajo el título La ley de inmigración más cruel de la nación, en el que afirma que es muy amplio el intento de aterrorizar a inmigrantes indocumentados en cada aspecto de sus vidas, y convertir en criminal potencial a cualquiera que podría trabajar o vivir con ellos o demostrarles bondad. La ley, indica el Times, hace recordar las que regían los tiempos de esclavitud en el sur y también las normas racistas combatidas por el movimiento de derechos civiles y figuras como Martin Luther King Jr., y afirma que olas de hostilidad antimigrante han hecho que muchos en este país se hayan olvidado de quiénes y qué somos.

Mientras, las oficinas de una de las organizaciones sociales que se oponen a la ley, la Coalición de Intereses Hispánicos de Alabama, fueron objeto de ataques de vándalos esta mañana, reportó el rotativo local Birmingham News. Isabel Rubio, directora de la organización, informó que no se sabe si este acto está relacionado con los esfuerzos por bloquear la ley, pero el momento hace sospecharlo. Sin embargo, insistió en que estos actos de intimidación no detendrán el trabajo de su organización a favor de la comunidad latina.