Al tiempo que organizaciones como Amnistía Internacional y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenaron el asesinato de las reporteras Ana María Marcela Yarce Viveros y Rocío González Trápaga –ocurrido la noche del pasado miércoles–, grupos de periodistas y de defensores de derechos humanos cuestionaron las afirmaciones del titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Miguel Ángel Mancera, en el sentido de que no se encontraron huellas de tortura en el cuerpo de ambas comunicadoras.

El crimen generó ayer un repudio unánime entre funcionarios, políticos, académicos e incluso asociaciones religiosas y campesinas, quienes afirmaron que lo ocurrido tiene elementos que hacen pensar en un feminicidio, aunque al mismo tiempo advirtieron que en la investigación del caso no debería descartarse que el ataque se deba al trabajo periodístico de las reporteras.

Alma Gómez, coordinadora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, señaló que la muerte de las comunicadoras debe ser considerado feminicidio por el carácter violento y doloso del asesinato, y lamentó que los periodistas y los defensores de derechos humanos sigan siendo agredidos impunemente.

En el mismo sentido se pronunciaron María de la Luz Estrada, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, y Karla Michel Salas, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos.

Las activistas exigieron a las autoridades del gobierno de la ciudad una investigación seria, con la debida diligencia y perspectiva de género, y lamentaron que Mancera haya afirmado que no hubo violencia sexual ni tortura.

Édgar Cortez, investigador del Instituto de Derechos Humanos y Democracia, indicó que los asesinatos dejan claro que la sociedad vive cada vez más expuesta a la violencia, y pidió que la procuraduría capitalina no descarte el trabajo periodístico de Yarce y González como posible móvil del delito.

Balbina Flores, representante en México de Reporteros sin Fronteras (RSF), y Omar Raúl Martínez, presidente de la Fundación Manuel Buendía, coincidieron en que la tortura a la que fueron sometidas las comunicadoras es evidente.

La oficina central de RSF en París también reprobó con firmeza la escalada de terror que viven los periodistas en México, y señaló que éste es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer dicha profesión.

A pesar de todos los pronunciamientos en ese sentido, el jefe de Gobierno capitalino Marcelo Ebrard afirmó que las periodistas no fueron torturadas, y que le instruyó al procurador Mancera que no exista impunidad en este caso.

En gira de trabajo por León, Guanajuato, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles, subrayó que cuando se lastima a un profesional de la información se atenta, directa o indirectamente, contra una de las libertades fundamentales: la libertad de expresión, y que con el asesinato de las reporteras no puede uno sino indignarse y sentirse profundamente lastimado.

El cardenal Norberto Rivera Carrera condenó enérgicamente el cobarde y despiadado asesinato de González y Yarce, y dijo que la crueldad de los criminales denota una total cobardía, indolencia y perversidad, por lo que pidió que se castigue con todo el rigor de la ley a los responsables.

La diputada federal panista María Yolanda Valencia Vales, presidente de la Comisión de Seguimiento a Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación, denunció que los gobiernos de los estados donde han habido amenazas y homicidios de reporteros se han negado a dar información a los legisladores federales, cuando éstos se los han solicitado.