Al revisar la evolución del gasto del gobierno federal en la administrración de Felipe Calderón, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) concluyó que ha crecido en desproporción con los ingresos, lo cual ha obligado a cubrir el déficit público con mayor deuda.

Detalló que entre 2007 y 2010 el gasto neto presupuestario creció 6.7 por ciento y los ingresos sólo 0.6, y refirió que tan sólo al primer semestre de 2011 el gasto creció 5.3 por ciento y los ingresos 4.6.

En el informe de avance de la gestión financiera 2011, enviado a la Cámara de Diputados, la ASF reportó que, por ejemplo, entre enero y julio la Secretaría de la Defensa había incrementado 32.5 por ciento su gasto (respecto del mismo mes de 2010) por sus operativos contra la delincuencia organizada, y la Secretaría de Gobernación 37.3 por ciento, debido a un crecimiento en servicios profesionales, pasajes y viáticos.

El órgano fiscalizador detalló que el mayor crecimiento real del gasto programable se vio influenciado tanto por el gasto corriente como por el de capital, ya que ambos mostraron crecimientos de 6.4 por ciento y 5 por ciento, repectivamente, en relación con el primer semestre de 2010.

El gasto corriente, expuso, aumentó en todos sus conceptos, excepto servicios personales, que bajó apenas 2.9 por ciento, para cumplir con la obligación establecida en la ley de presupuesto de disminuir el gasto administrativo, de operación y servicios personales.

Como parte del balance, el órgano fiscalizador explicó que el gasto programable reportó un incremento en el primer semestre del año, debido a las mayores erogaciones del gobierno federal por 8.3 por ciento en términos reales, por lo que mantuvo mayor presencia en el gasto neto total, lo cual también implicó un crecimiento respecto del año anterior, de 52.6 a 54.1 por ciento.

En contraste, indicó, y a excepción de Petróleos Mexicanos (Pemex), las entidades bajo control presupuestario directo aumentaron su gasto en sólo 1.8 por ciento real, y ello explica por qué se redujo su participación total en el gasto, al pasar de 32.6 a 31.5 por ciento de 2010 a 2011.

También se registró un aumento en el gasto de los ramos autónomos: de 23.1 por ciento en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, debido a la ejecución de programas a su cargo, y de 14.5 por ciento en el Instituto Federal Electoral (IFE) por las prerrogativas a los partidos políticos, la actualización del padrón electoral y la renovación de la credencial para votar con fotografía.

La ASF refirió que sólo en cuatro dependencias federales hubo una reducción del gasto, pero debido a recorte de plazas e inejecución de programas.

Precisó que, respecto de 2010, la Secretaría de la Función Pública registró menor gasto debido a que se compactaron estructuras administrativas, además de que el año pasado su presupuesto creció de manera desproporcionada ya que la Secretaría de Hacienda le transfirió 3 mil millones de pesos para el Fideicomiso Bicentenario.

Mientras, en la Secretaría del Trabajo se recortaron servicios personales y generales, así como recursos para el programa de apoyo al empleo.

En la Secretaría de Relaciones Exteriores se redujo el gasto por un recorte a servicios personales y generales, así como el retraso en los procesos de licitación de bienes informáticos. Mientras, en la Secretaría de Turismo hubo reducción de gasto en servicios personales, debido a la cancelación de plazas de estructura, así como por menores apoyos para inversión al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y al programa de promoción y desarrollo de proyectos turísticos en los estados.

En la Secretaría de Marina disminuyó el uso de recursos por medidas de austeridad y racionalidad, así como por una caída en la construcción de estaciones de búsqueda, rescate y salvamento.

La ASF indicó que en el caso de Pemex, la paraestatal disminuyó en 14.5 por ciento su gasto en términos reales en el primer semestre del año, en contrastecon otras entidades, como la Comisión Federal de Electricidad, que aumentó sus erogaciones en 21.2 por ciento, por el aumento en los combustibles que utiliza para la generación de electricidad, servicios personales e inversión física, y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), que lo incrementó en 8 por ciento, principalmente por el repunte en el pago de pensiones y jubilaciones.