La compañía Repsol, presidida por el empresario catalán Antonio Brufau, presentó una solicitud formal a los órganos reguladores españoles para que estudien la operación orquestada entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y la constructora Sacyr para hacerse con el control de la empresa multinacional de la energía y el petróleo. La instancia que deberá resolver si actúa o no en esta polémica maniobra será la Comisión Nacional de Energía (CNE), que hasta la fecha se ha mantenido al margen.

Entre el martes y el viernes de la semana pasada, Pemex y Sacyr revolucionaron el sector empresarial español con una maniobra que, de cumplirse los planes, pretende modificar la actual dirección ejecutiva bajo una nueva alianza empresarial que tendría 29.9 por ciento del total de las acciones. Pemex con 9.42 y Sacyr con 20 por ciento acordaron una alianza sindicada de sus intereses en Repsol para los próximos diez años. Sin embargo, la petrolera mexicana actuó sin la autorización de su consejo de administración y sin que hubiera un debate en el Congreso de la Unión.

Ante la trascendencia de la operación, auspiciada por los gobiernos de España y México, la actual dirección de Repsol intensificó una contraofensiva que busca neutralizar la maniobra y garantizar la continuidad de la junta y el actual consejo de administración. Brufau se ha reunido a partir del viernes con importantes empresarios vinculados a Repsol, entre ellos el presidente de CaixaBank, el también catalán Isidro Fainé, así como con pequeños y medianos accionistas para explicarles los efectos negativos que a su juicio ocasionará la operación.

Además de recabar apoyos en el empresariado y en los accionistas de Repsol, Brufau dio un paso más y decidió, bajo el amparo de su equipo jurídico, presentar una solicitud formal ante la CNE para la aplicación de la llamada función 14, que autoriza al órgano regulador a emitir dictámenes vinculantes sobre las operaciones empresariales que afecten el funcionamiento de las actividades reguladas en el sector. Es decir, todas aquellas maniobras que modifiquen sustancialmente los sensibles sectores del transporte, el petróleo y la distribución de gas y de electricidad.

La CNE tiene tres meses para resolver esta petición. En caso de que acepte analizar la cuestión, comenzará una compleja batalla jurídica en la que estarán implicados dos de los principales despachos de abogados de España: Garrigues, en representación de Sacyr, y Cuatrecasas, por Pemex.

Desde que saltó la noticia de la nueva alianza hispano-mexicana, la CNE ha preferido mantenerse al margen y rechazado de forma extraoficial las competencias en el asunto. Sin embargo, ahora, con una petición expresa de una de las partes afectadas, deberá asumir al menos la responsabilidad de presentar los argumentos para rechazar o admitir la revisión del caso.

Brufau también estaría recabando apoyos en los principales partidos politicos: el Socialista Obrero Español (PSOE) y el Popular (PP). Desde las oficinas de sus candidatos se mantienen serias dudas sobre el momento elegido para llevar a cabo la operación (sólo unos meses antes de que se celebren los comicios generales del 20 de noviembre), así como el apoyo explícito a la operación del ministro de Industria, Miguel Sebastián.

Los apoyos políticos serían vitales para la actuación de la dirección de Repsol en su intento de que la CNE también se pronuncie sobre una de las competencias que tiene reguladas en la función 14, según la cual se deberá emitir un dictamen en caso de que se aprecie una influencia significativa de una empresa no comunitaria en un sector energético clave.

La dirección ejecutiva de Repsol también analiza las vías para solicitar amparo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), al estar la operación en el limbo jurídico e incurrir, según la visión de Brufau y su equipo de abogados, en un fraude de ley, al ampararse en una maniobra accionaria bajo la figura de la sindicación para hacerse con el control de la compañía. Según la regulación financiera, para llevar a cabo una operación de esta importancia se debería haber producido una oferta pública de adquisición (OPA), que estaría obligada a ser autorizada por los órganos competentes, precisamente lo que intentan evitar tanto Sacyr como Pemex.