La Cámara de Diputados aprobó ayer la reforma a la Ley Orgánica de la Armada de México que permitirá los operativos en tierra de militares contra el crimen organizado, pero acotados a las disposiciones constitucionales, al respeto a los derechos humanos, a los tratados internacionales y a las leyes federales.

Esto es, explicó el diputado Enrique Ibarra Pedroza (PT), limita la participación de la Marina en tareas de seguridad pública que no le concede la Constitución y a que dichos operativos estén sujetos a lo que en su momento disponga la Ley de Seguridad Nacional, que aún está a debate en el Congreso.

Durante unos minutos, una decena de diputados de PRD y PT tomaron la tribuna para exigir que se suprimiera del dictamen de la Comisión de Marina sobre la minuta del Senado, la discrecionalidad otorgada al presidente de la República y al titular de la Secretaría de Marina para que la intervención de sus efectivos se realizara en el momento, circunstancia y lugar que el mando supremo lo ordenara.

La manifestación obligó a abrir un espacio de diálogo y el titular en turno de la mesa directiva, Francisco Salazar Sáenz (PAN), decretó un receso, en tanto los grupos parlamentarios negociaron el ajuste al dictamen.

De esta forma se determinó que además de estar sujetos a las disposiciones constitucionales, los operativos se coordinen con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, y siempre con apego a la Constitución.

Antes, los diputados Teresa Incháustegui, Enoé Uranga, Enrique Ibarra y Jaime Cárdenas señalaron que dejar abierta la posibilidad de que el mando supremo decida el carácter de los operativos –como publicó ayer este diario– daría la vuelta al rechazo social y de los partidos a la Ley de Seguridad Nacional.

Enoé Uranga (PRD) expuso que por esta ruta se impondría, por debajo, el debate que ha movilizado al país, que tiene caravanas recorriendo el territorio oponiéndose a este tema. Estaríamos defraudando la palabra dada a Javier Sicilia y engañando a las organizaciones civiles, avanzando en el tema de seguridad nacional en los peores términos.

Al inicio del debate, Jaime Cárdenas (PT) alertó que uno de los artículos más polémicos de la reforma era el tercero, el cual definía que la Armada ejerce sus atribuciones por sí o conjuntamente con el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana, cuando el mando supremo lo ordene o las circunstancias así lo requieran.

Lo que significa –indicó– que antes que clarificar las obligaciones legales de la Marina, la reforma introducía un principio demasiado vago, indeterminado, que se presta a la discrecionalidad en el uso de las fuerzas armadas y del empleo de los marinos en tareas de seguridad.

El diputado Francisco Armando Meza (PRD), ex subsecretario de la Defensa Nacional, argumentó en favor del dictamen y aseguró que el marco de violencia que vive el país requiere que las fuerzas armadas cuenten con un marco moderno.

Enrique Ibarra resaltó que la Cámara no podía avalar esta trapacería, que rompe con todo principio constitucional del papel de las fuerzas armadas, en tareas que no les corresponden.

Con el cambio de redacción, el pleno aprobó la reforma por 369 votos en favor, dos en contra y cinco abstenciones.