Empresas mineras canadienses no sólo son las principales productoras de oro en México, sino que las que se han visto involucradas en conflictos sociales y jurídicos. Actualmente, de las 279 corporaciones extranjeras que operan en la minería, 210 son de Canadá y tienen concesiones en 26 estados.

La canadiense Goldcorp es la productora número uno de oro y a lo largo de 2010 extrajo 680 mil onzas en cuatro minas. Al mismo tiempo, Minera San Xavier, propiedad de New Gold, que opera en Cerro San Pedro, San Luis Potosí, ese mismo año, sin permisos ambientales para trabajar, obtuvo una producción con valor de 145.6 millones de dólares, de acuerdo con información de la Cámara Minera de México.

Las mineras de ese país operan con casi total impunidad en todo el mundo por lo que en Canadá se promueven iniciativas legales y de política pública que podrían obligarlas a rendir cuentas, indica el informe de la delegación investigadora del asesinato de Mariano Abarca y las actividades de Blackfire Exploration, presentado en 2010, y en el que participaron Fronteras Comunes, Sierra Club y Mining Watch.

La devastación y la violencia perpetradas por las mineras canadienses han sido ampliamente documentadas y vinculadas con violaciones de los derechos humanos en Guatemala, Perú, Rumania, Filipinas, Honduras, Ecuador, Bolivia, India y Sudán, entre otras naciones, indica Mandeep Dhillon en La minería canadiense en México: violencia hecha en Canadá.

Según expertos, en México destacan los casos de Minera San Xavier y Blackfire. A la primera le fue cancelado dos veces el permiso ambiental por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pero aún así mantuvo sus operaciones con un amparo.

Este año la minera buscó regularizar su situación buscando eliminar leyes que ha violado, gestionando con algunos políticos un proyecto de derogación, señala en entrevista el investigador Juan Carlos Ruiz Guadalajara. El marco jurídico que le impedía operar desapareció y el espacio donde funciona –catalogado desde 1993 como área para restauración y preservación de vida silvestre–, hoy es de vocación minera por un decreto estatal que en marzo modificó el uso de suelo. La empresa lava su imagen con anuencia de autoridades y la complicidad de jueces, indica.

En Chicomuselo, Chiapas, Mariano Abarca, líder opositor a Blackfire –que operaba una mina de barita ya cerrada–, fue baleado en 2009. A partir de esto, las ONG canadienses realizaron el informe, en el cual destacan que para la familia de Abarca Blackfire es responsable de la violencia que inició con la instalación de la mina y que culminó en el asesinato de Mariano.

El texto precisa que nueve ONG entregaron un expediente el 10 marzo de 2010 a la Real Policía Montada Canadiense el cual pedía formular cargos contra Blackfire por violar la Ley sobre Actos para Corromper a Autoridades Públicas Extranjeras. La denuncia enfatiza que hay pruebas fehacientes de los pagos que hizo Blackfire a Julio César Velásquez Calderón, presidente municipal de Chicomuselo, por servicios extra oficiales en favor de la empresa.

La embajada de Canadá en México difundió una carpeta entre mineras para penetrar sin conflicto en las comunidades que podrían ser impactadas por la presencia de una mina. Si la compañía se comporta irresponsablemente y la comunidad afectada contacta a la embajada por una queja –como ocurrió dos veces con Blackfire–, se informa que el asunto no incumbe a la embajada.