Una década después de que se detectó envenenamiento por plomo en pobladores de Torreón, Coahuila, causado por la planta fundidora y afinadora de metales de Met-Mex Peñoles, el problema está lejos de resolverse. Un extenso reportaje del semanario británico The Economist, aparecido este viernes bajo el título Enfermedades de México: arena negra en el desierto, señala que la atención a la población afectada se ha complicado a últimas fechas por la inseguridad, pues los constantes narcobloqueos han obligado a suspender en 15 barrios de la ciudad lagunera las visitas de personal de salud a los domicilios de las víctimas.

Los orígenes del problema, recuerda el periódico, se remontan a la década de 1970, cuando el gobierno mexicano vendió terrenos cercanos a la planta –hasta entonces despoblados– para construir viviendas. Aunque se sabía que el humo de la fábrica tapizaba la zona circundante con un fino polvo negro, se le consideró un inconveniente menor frente a los empleos que proporcionaba la instalación.

En 1988, un pediatra local, Manuel Velasco, descubrió que muchos de sus pacientes tenían más de 60 microgramos de plomo por decilitro de sangre, seis veces el nivel que los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) consideraban indicativo de la necesidad de una acción pública. Un estudio realizado por esa instancia en 2001, a petición del gobierno mexicano, encontró que unos 11 mil niños eran víctimas de envenenamiento por plomo.

A solicitud del gobierno, la planta –parte del emporio minero, comercial y financiero de Alberto Bailleres, uno de los hombres más ricos de México– colocó un techo y creó un fondo médico de 60 millones de pesos para atender a las víctimas. Sin embargo, observa el diario, el polvo sigue cayendo; en muchos barrios de la ciudad se puede observar a empleados de Met-Mex Peñoles limpiando con aspiradoras. Un estudio realizado por la UNAM y la Universidad de California en 2005-06 mostró que la mitad de los niños de la muestra aún presentaban niveles de plomo en sangre por arriba del límite de los CDC, que pueden conducir a dificultades de aprendizaje y trastornos de la conducta.

La compañía afirma que ninguno de los niños incluidos en su base de datos de pacientes expuestos al plomo exhibe efectos de largo plazo. Asegura que hay pocos casos nuevos y que la mayoría se relacionan con la pica, el hábito de los niños de comer tierra, como hacen también algunas embarazadas. Russ Flegal, toxicólogo ambiental de la Universidad de California, citado por The Economist, opina que esa teoría es insustancial en el mejor de los casos.

El tratamiento que se da a las víctimas dentro del programa financiado por la empresa no consiste más que en dosis de leche y suplementos vitamínicos, y está limitado a menores de 15 años, pues los que pasan de esa edad eliminan el plomo en forma natural, según Fernando Alanís, director general de Met-Mex. Sin embargo, el directivo reconoce que no se puede decir que el problema esté resuelto.

La realidad, observa el semanario británico, es que nadie puede estar seguro de la gravedad de la situación, por el gran secreto que lo rodea. Recuerda que en 2006 un grupo de ciudadanos demandó acceso a las auditorías practicadas a la instalación por la Procuraduría Ambiental. La dependencia las clasificó entonces como privadas y confidenciales. Aunque posteriormente la Suprema Corte de Justicia ordenó darlas a conocer, ésta es la hora en que el pueblo de Torreón sigue esperando.

(Traducción de Jorge Anaya del texto original.)