El grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados informó que mañana martes presentará una iniciativa de decreto para interpretar correctamente la prohibición constitucional de ceder la renta petrolera en contratos a compañías privadas, como los otorgados por Petróleos Mexicanos (Pemex) el pasado mes de agosto para explotar seis yacimientos en Tabasco

El proyecto –elaborado por la diputada Laura Itzel Castillo Juárez– considera que esos convenios constituyen un peligroso precedente para futuros acuerdos de la paraestatal, debido a que no sólo son a 25 años, sino que ciñen el pago a las trasnacionales al aumento de los precios del crudo.

La propuesta se diseñó luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la controversia constitucional que, por acuerdo de todas las fracciones parlamentarias, interpuso la Cámara de Diputados contra dichos contratos. Los ministros se negaron a entrar al fondo del asunto.

En su documento, la diputada Castillo Juárez explica que la fórmula de pago a las empresas privadas con contratos con Pemex se basa tanto en el valor de la producción como en el precio de los hidrocarburos.

“Tal circunstancia equivale a un esquema de reparto de los beneficios del proceso de la producción, esto es, el contratista se convierte en una especie de socio de Petróleos Mexicanos, cuyos derechos y expectativas en términos de la tasa de retorno de la inversión, además, se encuentran blindados por todos lados”, señala.

Por esa razón, abunda la legisladora, se pretende detallar en un decreto cuatro límites constitucionales para los contratos que la petrolera mexicana celebre con inversionistas privados:

1. No establecer fórmulas o esquemas que correlacionen el precio del crudo y la remuneración del contratista, que tengan como resultado que el pago de los servicios sea una proporción de la renta petrolera.

2. Excluir mecanismos de remuneración que tengan como único límite el valor de la producción después del pago de impuestos en función del precio del crudo en el mercado internacional, que redunde en un pago que exceda una remuneración razonable con estándares de la industria de contratos de servicios de exploración y producción de hidrocarburos.

3. Que las fórmulas de contratación correspondan a un contrato típico de la industria de servicios de exploración y producción, y en ningún caso se admitan los contratos de riesgo, asociación o de participación de un porcentaje de las ventas.

4. Que esas fórmulas no contengan opciones sujetas a circunstancias futuras que pretendan revertir la asignación de rendimientos de la renta petrolera a los contratistas y que, con ese motivo, afecten de manera absoluta o relativa la condición de precio cierto a la firma del contrato de servicios.

La propuesta en cuestión resalta que los denominados contratos integrales de servicios contienen un esquema de remuneración a los contratistas contraria al artículo 27 constitucional, al 60 de la Ley de Petróleos Mexicanos y al presente decreto y, por tanto, no deben continuar otorgándose y los ya firmados deben derogarse.

Laura Itzel Castillo resaltó que la fórmula de pago compromete un porcentaje de las ventas de hidrocarburos, debido a que incluye un factor de ajuste sobre la base de la actualización inflacionaria que determina el monto de la tarifa por barril de crudo en el tiempo.