La empresa Arthinia Internacional presentó una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal contra Manuel Baráibar Constantino y José Pablo Pérez Villalva, dos de los tres magistrados del octavo tribunal colegiado penal, a quienes acusan de parcialidad en el fallo donde libraron al Obispo Onésimo Cepeda de un presunto fraude procesal por 130 millones de dólares.

La empresa y su representante legal, Xavier Olea Peláez, pidieron sancionar con la destitución de sus cargos a los dos magistrados, por no preservar la dignidad, imparcialidad y profesionalismo en su labor.

El pasado 16 de junio, ambos magistrados revocaron el amparo que Arthinia había ganado en primera instancia, dejando sin efecto la orden judicial a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para pedir la aprehensión del jerarca católico.

En respuesta al fallo judicial, la empresa presentó una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República contra Cepeda Silva, el ministro Sergio Valls, los magistrados penales mencionados y el magistrado electoral Alejandro Luna Ramos y dos personas más.