Las estaciones migratorias en México se han convertido en una especie de sistema de cárceles paralelo, donde miles de personas son detenidas de manera indefinida –en algunas ocasiones más de un año–, sin haber cometido algún crimen y sin saber cuáles son los términos del proceso legal por el que están ahí.

Esa situación, que contraviene todas las leyes en la materia, demuestra que la política migratoria del Estado mexicano está basada únicamente en detenciones y reclusiones, en vez de atender el fenómeno de manera integral, lamentaron académicos y activistas especializados en el tema.

Carlos, guatemalteco de 17 años, experimentó lo anterior luego de permanecer detenido de febrero de 2010 a febrero de 2011 en la estación de Tapachula por no tener documentos que acreditaran su estancia en México, lo cual, según las leyes del país, constituye una falta administrativa, no un delito.

Además de ser migrante, Carlos –nombre falso para proteger su identidad– es menor de edad y transexual, lo cual lo expuso a una triple victimización. Arrestado dos veces antes en 2009, a la tercera solicitó ser admitido en el país como refugiado. Con la negativa del gobierno mexicano dio inicio un proceso de reclusión largo y deprimente.

Malas condiciones de detención

Huyendo de extorsiones y amenazas de muerte, cruzó hace dos años la frontera de México, sin saber que aquí permanecería un año en dicha estación migratoria, de donde sólo pudo salir con la ayuda del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova.

El tiempo que estuve detenido fue muy complicado, porque en la estación no hay espacios suficientes para menores. Además, me enfermé por la mala comida. Se enojaban porque leía los documentos de mi caso y no permitían que tuviera asesoría o servicios de mi embajada, explicó.

En la estación, Carlos estuvo con sólo tres mudas de ropa, llamadas telefónicas muy restringidas y servicio médico que dan a los migrantes sólo cuando te ven mal, tirado. Padeció también las celdas de castigo para los inconformes y las agresiones verbales de una funcionaria por su orientación sexual.

Arrestos prolongados, contra la ley

Las estaciones migratorias –donde hubo 94 mil personas alojadas en 2008, 69 mil en 2009 y 70 mil en 2010, según datos del Instituto Nacional de Migración (INM)– han sido comparadas con cárceles por algunos especialistas, pero en estas últimas las condiciones son incluso menos malas, pues los reos saben de qué se les acusa, tienen copias de sus expedientes y pueden recibir visitas, señaló Diana Martínez, coordinadora del área de atención y servicios de la organización civil Sin Fronteras.

Que detengas a una persona más de 36 horas va contra la Constitución, porque el INM sólo es autoridad administrativa; sin embargo, hay gente que ha permanecido hasta un año, según la voluntad o el humor de los agentes en turno, expresó.

Las principales denuncias contra las estaciones giran en torno a las condiciones físicas de los inmuebles, pero sobre todo a la falta de procedimientos legales claros y los maltratos contra los migrantes, que en algunos casos pueden constituir tortura sicológica, como cuando son llevados a celdas de aislamiento, o amenazados con permanecer ahí de forma indefinida por supuestos motivos de seguridad.

Se introducen drogas y alcohol, y hay trata de personas realizada por supuestos abogados, que supuestamente los quieren ayudar y sólo los roban. A final de cuentas, se ha convertido en negocio lucrar con las necesidades de la gente que está adentro, lamentó.

Carolina Carreño, subcoordinadora de acompañamiento sicosocial de Sin Fronteras, señaló que el hacinamiento y la reclusión indefinida hacen que los migrantes presenten cuadros de frustración y desesperanza, lo que a su vez genera un clima de agresividad.

Muchos se perciben como si fueran delincuentes, y hay algunos que han tratado de suicidarse como forma de presión, para que les den respuesta, por lo que es urgente capacitar al personal de las estaciones, enfatizar la importancia del respeto a los derechos humanos y dar a los migrantes información clara sobre su estatus legal, expresó.

Acabar con el limbo jurídico

Edoardo Bazzaco, de la asociación civil Idheas, litigio estratégico en derechos humanos, comentó que la política migratoria del Estado mexicano parece estar basada únicamente en detenciones, lo que, de acuerdo con la normatividad internacional en la materia, debería ser una medida excepcional y no la regla.

“El proceso de aseguramiento tiene graves problemas constitucionales, porque el INM sólo es un órgano administrativo, pero mete gente a la cárcel sin que en ningún momento lo ordene un juez. Además, si solicitas condición de refugiado o te declaras víctima de un delito, tu detención se vuelve indefinida automáticamente, aunque el plazo máximo sea de 36 horas”, aseveró.

Por todo ello, añadió, es fundamental elaborar el reglamento de la nueva Ley de Migración, de forma conjunta entre la sociedad civil y el gobierno, para terminar con el limbo jurídico que enfrentan los indocumentados, desvincular al INM de cualquier tarea policiaca y generar un sistema de monitoreo ciudadano de dichas estaciones.