Eduardo Sepúlveda Romo, director de estaciones migratorias del INM, aseguró que en dichos centros a todos los indocumentados se les informa sobre sus derechos y obligaciones, así como del motivo de su detención y de las posibilidades de regularizar su estatus legal y recibir atención de sus embajadas, como señalan las normas de funcionamiento publicadas el 7 de octubre de 2009 en el Diario Oficial de la Federación.

Sostuvo que la política del Estado mexicano hacia los migrantes no se basa en detenciones indefinidas, ya que el instituto está obligado a resolver la situación de los indocumentados en un plazo no mayor a 15 días hábiles –contados a partir de su presentación– y a no tenerlos alojados más de 60 días hábiles. Después se les debe otorgar condición de visitante con permiso para recibir una remuneración en el país.

Sin embargo, Loretta Ortiz Ahlf, especialista en derecho internacional de la Universidad Iberoamericana, dijo que, en comparación con las estaciones migratorias, las cárceles de México parecen hoteles de lujo, ya que los presos tienen más garantías que los indocumentados.

La académica, autora del libro Acceso a la justicia de los migrantes irregulares, sostuvo en entrevista que las estaciones funcionan al margen de la Constitución y de las leyes internacionales en la materia, por lo cual pidió que desaparezcan esos centros y en su lugar se conforme un sistema de peticiones de ingreso, con el apoyo de las autoridades diplomáticas de los países de origen de los solicitantes.

Por su parte, Leticia Calderón, especialista del Instituto Mora en temas de migración, subrayó que las estaciones no operan de manera ilegal, pero sí con un gran margen de discrecionalidad, que sería urgente acotar mediante el reglamento de la nueva Ley de Migración.