Francisco Jiménez Pablo y Eric Bautista Gómez, integrantes de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), están presos desde hace casi un año y medio en el penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit, acusados de delitos que no cometieron, como represalia por su lucha a favor de 33 comunidades de Chiapas reubicadas en 2007 por el taponamiento del río Grijalva.

Así lo informó Leonel Rivero, abogado de ambos activistas, quien lamentó que el gobierno chiapaneco presente hacia el exterior una imagen de respeto a los derechos humanos, al mismo tiempo que reprime y encarcela a quienes disienten de sus políticas.

En conferencia de prensa, Rivero anunció el inicio de una campaña por la liberación de sus defendidos, que servirá también para visibilizar el tema de la reubicación forzosa de los pueblos afectados por el desastre natural, y la expropiación de sus tierras a precios irrisorios.

Las irregularidades cometidas en este asunto han sido tan grandes, resaltó, que incluso Amnistía Internacional le envió una carta al gobernador Juan Sabines, en donde le manifiesta su preocupación por el encarcelamiento de ambos, haciendo énfasis en el caso de Eric Bautista, informó.

Jiménez Pablo, por ejemplo, está preso por el delito de secuestro equiparado, que ya fue derogado del Código Penal federal, y Bautista está acusado por el asesinato de un hombre en Chiapas en 2009, cometido un día en el que se encontraba dando un curso en Puebla, señaló el abogado.

Jesús Gutiérrez Valencia, coordinador estatal de la CNPA, recordó que el encarcelamiento de los activistas se debió a su participación en las protestas realizadas por el desplazamiento forzoso de 33 comunidades afectadas por el taponamiento del río Grijalva, en noviembre de 2007.

Adrián Ramírez, coordinador de la Liga Mexicana en Defensa de los Derechos Humanos, señaló por su parte que Chiapas es de los estados donde los luchadores sociales han sufrido mayor criminalización.