La demanda contra Ernesto Zedillo por crímenes contra la humanidad, presentada el pasado 16 de septiembre en la corte de distrito de Connecticut, señala que el entonces presidente y el procurador general de la República Jorge Madrazo Cuéllar conspiraron para encubrir la responsabilidad del Ejecutivo antes, durante y después de la masacre de Acteal.

La acusación en aquella corte estadunidense se sustenta en los siguientes delitos: crímenes de guerra; crímenes contra la humanidad; castigo cruel, inhumano y degradante, terror y violencia para violar la libertad de asociación, y terror y violencia para violar la libertad de pensamiento, opinión política y libertad para ejercer derechos políticos.

El contenido del amplio expediente documenta que Ernesto Zedillo supo con anticipación de la inminente matanza. El 30 de septiembre de 1997 habitantes del poblado de Chenalhó le entregaron una carta al entonces presidente de la República, y al en ese tiempo gobernador de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro, en la que denunciaban agresiones en su contra.

Días después, el 18 de octubre, el obispo Raúl Vera López envió una carta a Ernesto Zedillo, por conducto del entonces secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor. En aquel documento el obispo Vera advertía al Ejecutivo que un baño de sangre era inminente. Incluso el mismo Chuayffet declaró con posterioridad que él le había entregado la carta personalmente a Zedillo antes de la matanza.

Para el 21 de diciembre, un día antes del homicidio en masa, un grupo de desplazados denunció ante legisladores que visitaban el poblado vecino de Polhó que miembros de su comunidad estaban secuestrados por pobladores contrarios al EZLN.

El 22 de diciembre de 1997, día en que ocurrió la matanza, el secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, avisó personalmente a Ernesto Zedillo que la matanza se estaba perpetrando en Acteal.