La desigualdad incrementa la incidencia de crímenes violentos en los países de América Latina y el Caribe, además de que representa uno de los principales obstáculos para el desarrollo, perpetúa la pobreza, estimula la corrupción y afecta el desempeño económico.

Como las anteriores, ninguna de las expresiones que tiene la desigualdad en la región es buena, sentencia Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en su libro La década de América Latina y el Caribe: una oportunidad real, que fue relanzado este mes a través del portal del organismo.

Contundentes son las cifras sobre la desigualdad económica de la región, sostiene, ya que en un grupo de siete naciones (México Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Perú y Uruguay) se concentra 10 por ciento de la población latinoamericana más pobre, con una renta de 1.6 dólares, que coincide con la de Bangladesh. En contraste, el 10 por ciento más rico alcanzó los 48 mil 500 dólares, similar a lo que se encuentra en las zonas más prósperas del planeta.

Todo ello ocurre a pesar de que en la última década el índice de pobreza en América Latina y el Caribe se redujo de 44 a 32 por ciento respecto de la población total, al pasar de 221 a 180 millones de personas, el número más bajo en la historia de la región, y que implica que uno de cada tres latinoamericanos y caribeños se encuentran en situación de pobreza, cuando antes era uno de cada dos.

Con esa disparidad de ingresos, el presidente del BID advierte que debe prestarse atención a la seguridad alimentaria, más aún cuando desde principios de 2011 el encarecimiento de los productos básicos en general, y de la comida en particular, rebasó el pico alcanzado durante la crisis financiera de 2008 y se ubicó 47 por ciento por arriba del registrado en junio de 2010.

Las alertas han vuelto a activarse ante el repunte en los costos de los bienes primarios experimentado recientemente, puntualiza. Más aún cuando los hogares latinoamericanos más pobres destinan entre 40 y 70 de los ingresos familiares a la compra de alimentos, mientras, en los casos más extremos, 75 por ciento de las necesidades calóricas provienen de importaciones, pese a las grandes extensiones de tierra y abundantes recursos de agua de la región.

Los riesgos en ese frente obligan a las autoridades a adoptar políticas para garantizar el debido abasto y los mecanismos de compensación, con el fin de evitar que las brechas actuales se sigan ampliando. El mensaje es que la desigualdad debe ser combatida en muchos frentes y con los más variados instrumentos, destacó.