n su más reciente declaración pública, el presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Forestales (AMPF), Miguel Gallegos Mora, se pronunció por rescatar las zonas boscosas del país que se encuentran en poder de grupos criminales por medio de un ejército de técnicos forestales que se encarguen de combatir la delincuencia con empleos y no con armas. Sostuvo que la inseguridad que existe en diversas partes de México impide el desarrollo económico y social de las áreas forestales. Y que una forma de reducir esa inseguridad es recurriendo a personal técnico capacitado que brinde asesoría a las comunidades agrarias.

Gallegos Mora agregó que “hay muchos técnicos que no pueden realizar su trabajo con seguridad en las zonas boscosas… si lo hacen es corriendo un riesgo tremendo”. Agreguemos que a lo difícil que puede ser brindar la asistencia técnica que requieren las comunidades, se suma la insuficiencia de los recursos oficiales destinados para tal fin. En tanto, por pobreza, falta de créditos y otros apoyos gubernamentales, o por amenaza, miles de habitantes del medio rural colaboran con las bandas criminales.

Quisiéramos tener ejércitos de técnicos forestales, porque nosotros vamos a crear empleos, crear arraigo en la tierra, ingresos y una vida digna. En lugar de llevar 80 mil soldados, la propuesta es llevar 50 mil técnicos, concretó el ingeniero Gallegos Mora. Una tarea que requeriría aumentar el presupuesto que hoy se destina a hacer más productivo el sector agropecuario pero que, sin duda, rendiría frutos muy positivos en el campo. Especialmente en cuanto a mejorar las cosechas y el uso de los recursos naturales. Es bueno señalar que el gremio agronómico y forestal registra un elevado desempleo.

La propuesta de la AMPF tiene respaldo en la realidad que se vive tanto en las áreas forestales de varias entidades (Durango, Guerrero, Chihuahua, Veracruz, Colima y Michoacán) como en aquellas donde predomina la agricultura y la ganadería. No solamente porque la delincuencia controla importantes áreas para sembrar estupefacientes, sino porque hizo de la protección a los talamones un negocio más que se combina con el secuestro, el robo y el cobro de cuotas a los productores agropecuarios.

Este control lo reconocen las propias autoridades. En un reporte se mencionan 14 áreas forestales en esa situación. De todas ellas, apenas una (la de la mariposa monarca, en Michoacán y el estado de México), registra mejoría en cuanto a librarla de talamontes y sus protectores.

La presencia de grupos criminales en el campo no es nueva. Hace veinte años el licenciado Ricardo García Villalobos, entonces presidente del Tribunal Superior Agrario, aseguró que el crimen organizado se había apoderado de 30 por ciento de las tierras cultivables del país; que los narcosembradíos ocupaban zonas de extrema pobreza rural y áreas boscosas, pues los traficantes daban dinero a los campesinos para sembrar y cuidar las cosechas prohibidas. García Villalobos sostenía que la solución no era incautar esas tierras a sus dueños, los campesinos, sino crear empleos y programas productivos que realmente llegaran a la población rural. Todo indica que el gobierno ignoró su llamado, mientras los delincuentes afianzaban su presencia en importantes áreas boscosas y agrícolas del país, como reconoce ahora el presidente de la AMPF.

El problema trasciende fronteras: durante su más reciente visita a México, Eva Muller, jefa del Servicio de Políticas Forestales de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), sostuvo que el respaldo del crimen organizado a los talamontes dificulta los mecanismos de protección a las zonas forestales. En algunos casos, como en Michoacán, los indígenas de la meseta tarasca se vieron obligados a organizarse para cuidar sus bosques y detener la violencia.

Se acaba poco a poco el sexenio. El gobierno presenta ante la Cámara de Diputados su proyecto de ley de ingresos. Lamentablemente no aparece en ella por lado alguno una política de apoyo al campo que sea mucho más efectiva que la que les ofrecen las bandas criminales a los productores agrícolas y forestales.