La Secretaría de Gobernación (SG) prepara una iniciativa de reformas a la Ley y Reglamento de Juegos y Sorteos, como parte de un programa para intentar atajar las debilidades e irregularidades en la operación de casinos.

Adicionalmente, lanzó una campaña para advertir que incurren en ilegalidad tanto el permisionario, que negocia con el juego irregular, como los propios jugadores que acuden a estos locales. Sin embargo, al mismo tiempo pide a los asistentes que denuncien si el establecimiento al que pretenden acudir –o al que son asiduos– cuenta con el permiso de operación correspondiente expedido por la SG, o si se practican actividades ilegales en juegos de naipes o ruleta.

Gobernación busca aplicar cambios que le permitan hacer frente al desorden y falta de estructura suficiente en la supervisión de juegos y sorteos.

Esta área está a cargo de la dirección general adjunta de Juegos y Sorteos, dependiente de la Subsecretaría de Gobierno, donde se presume que se han concedido presuntos permisos irregulares y se favoreció –según la indagatoria inicial de la dependencia– a las empresas que operaban el casino Royale, en Monterrey.

No es la primera vez que se anuncian investigaciones y auditorías para esta dirección general adjunta, y tampoco indagatorias de la Procuraduría General de la República. Sin embargo, hasta ahora no se conoce que funcionario o permisionario alguno hayan pisado la cárcel como responsables de actos de corrupción y violación a la ley y reglamento que ahora se pretende reformar.

La ley en referencia es antigua; data de 1947 y tiene apenas 17 artículos. El reglamento es catalogado por los funcionarios de Bucareli como una norma deficiente, creada en 2004, cuyos contenidos han propiciado diversos problemas, en particular la operación que hacen los permisionarios por medio de establecimientos múltiples de los que la secretaría afirma desconocer quiénes son los dueños y socios.

En la mayoría de los casos no se conoce, al momento de otorgar el permiso, dónde se instalará el establecimiento. Ello tiene consecuencias sobre todo a la hora de los litigios, admitió el subsecretario de Gobierno, Juan Marcos Gutiérrez, quien es además el presidente del consejo consultivo de la dirección general adjunta de Juegos y Sorteos.

Aunque prevé que el ente regulador es la SG, para impedir que se realice el juego ilegal, actualmente la dirección general adjunta cuenta con poco menos de 50 supervisores para todo el país, quienes –en teoría– deben verificar la legalidad de todas las operaciones que realicen 27 permisionarios, quienes a su vez pueden generar una red de operadores bajo el amparo de la autorización lograda hace varios años.

Hasta el 15 de septiembre pasado, los 27 permisionarios agrupaban 561 establecimientos con potencial para operar, de los cuales 318 tienen aviso de apertura en funcionamiento y el resto, si bien tienen autorización de participación en ese negocio, hasta el momento no han notificado a Gobernación de una apertura.

La ley y su reglamento incluyen artículos que no se cumplen. Destaca el artículo 9, que prohíbe la instalación de casinos en el área cercana a centros de trabajo o educativos. La autoridad se excusa en el marco jurídico anacrónico para justificar sus fallas, especialmente en lo relacionado con el control de expedientes, y ante la incapacidad de tener una base de datos actualizada.

También representa un punto legislativo a analizar que, tras el permiso expedido por el gobierno federal, el visto bueno para la apertura del negocio corre a cargo de las autoridades locales.

En lo que toca a la estrategia de Gobernación para detectar el juego ilegal, se determinó apoyarse también en la población. En el más reciente informe acerca de la situación de permisionarios, se advierte que violan la ley quienes realizan juegos con apuestas y sorteos sin permiso, lo mismo que las personas que participan en ellos.

La Sscretaría de Gobernación habilitó una dirección electrónica para captar las eventuales denuncias sobre casinos.