El proyecto de Ley de Seguridad Nacional plantea un esquema administrativo de intervención militar, al margen de la previsión del estado de excepción del artículo 29 constitucional, que pone las bases de un derecho represivo bajo criterios discrecionales de la fuerza armada permanente (FAP) –fundamentalmente Ejército y Fuerza Aérea– y del Ejecutivo federal.

Sostiene lo anterior Erubiel Tirado, especialista en seguridad nacional, quien sostiene que la propuesta contiene una omisión deliberada de la supremacía civil sobre el estamento militar, particularmente en las acciones operativas y de inteligencia.

Hay regulaciones específicas sin definir bajo el esquema de protocolos de actuación, que no son otra cosa que “reglamentaciones ad hoc”.