El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comienza este lunes la discusión sobre si el derecho a la vida es absoluto o está acotado por los derechos de la mujer –entre éstos los de libertad, de salud reproductiva y a decidir el número de hijos–, al analizar la constitucionalidad de las reformas a la Carta Magna de Baja California y San Luis Potosí, las cuales cierran la puerta al aborto legal, a algunas formas de anticoncepción, a la píldora del día siguiente y a la fecundación in vitro.

Fuentes judiciales consideraron poco probable que el proyecto del ministro Fernando Franco –que plantea invalidar las reformas legales en los estados referidos, con el argumento de que la Constitución no establece expresamente el derecho a la vida y por ende deben prevalecer los derechos de la mujer– logre los ocho votos necesarios para invalidar las normas impugnadas.

Con sólo cuatro votos a favor de las reformas referidas, éstas continuarán vigentes. En la Corte se da por hecho que los magistrados Sergio Aguirre y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia votarán por la validez y con ello faltarán sólo dos votos en el mismo sentido.

Entre ministros consultados se tiene duda del voto de Margarita Luna Ramos, Luis María Aguilar y Jorge Pardo. Recordaron que estos últimos fueron propuestos por el presidente Felipe Calderón y apoyados por el PAN a sabiendas de que la Corte iba a resolver lo concerniente al derecho a la vida y con miras a apuntalar las reformas antiaborto que se aprobaron en 16 estados, en respuesta a la postura de la Suprema Corte de Justicia que avaló su despenalización en el Distrito Federal.

En contra de los artículos impugnados estarían el propio Franco, José Ramón Cossío, Olga Sánchez Cordero, Arturo Zaldívar y el ministro presidente Juan N. Silva Meza, aunque con diversos matices.

Según los funcionarios, la discusión en el pleno llegará a un punto en el que los ministros tendrán que determinar qué derechos deben prevalecer: los del concebido o los de la mujer.

En este caso, trascendió, hay ministros que no comparten el enfoque de Franco, pero apoyan la idea de invalidar las reformas antiaborto. Es decir, sostienen que la Constitución sí protege el derecho a la vida, pero no de manera absoluta, y que deben tomarse en cuenta los derechos de la mujer.

Estos magistrados se basan en la experiencia de países como Colombia y Portugal, los cuales claramente protegen la vida desde la concepción, pero también han dejado en claro que los derechos del concebido no están por encima de los derechos reproductivos de las mujeres, de su libre desarrollo y personalidad, de su derecho a la vida, privacidad, igualdad y no discriminación.

Es decir, aun cuando no se declare la inconstitucionalidad de las normas impugnadas, el pleno dejaría en claro que las constituciones de Baja California y San Luis Potosí no se interpreten de manera absoluta, sino sean compatibles con los derechos de las mujeres reconocidos en la Carta Magna.

El enfoque del ministro Franco se apoya en la resolución que despenalizó el aborto en el Distrito Federal.