La Paz, 26 de septiembre. El presidente boliviano, Evo Morales, anunció esta noche la suspensión temporal del proyecto de construcción de una carretera que comunicaría poblaciones de la cordillera de los Andes y la selva de Amazonas, a través de una reserva ecológica, en respuesta a las protestas que han hecho comunidades amazónicas.

Queda suspendido el proyecto de carretera. Que el pueblo decida, dijo Morales en un mensaje difundido esta noche, un día después de haber dado a conocer que para resolver la controversia promoverá la celebración de un referendo en Beni y Cochabamba, los dos departamentos del noreste de Bolivia directamente relacionados con la obra.

Ésta es la segunda ocasión, desde enero pasado, que Morales suspende un plan oficial para responder a los reclamos populares. El primero de enero, el gobernante socialista derogó un aumento a los combustibles, conocido como el gasolinazo, tras cinco días de protestas callejeras.

Horas antes de que Morales informara de la suspensión del proyecto carretero, la policía nacional dispersó un contingente de alrededor de dos mil indígenas amazónicos que el 15 de agosto emprendieron una marcha desde el noreste del país para llegar a La Paz, sede del Poder Ejecutivo, y expresar al mandatario su rechazo a la construcción de la vía de 306 kilómetros, con un financiamiento de 400 millones de dólares del gobierno de Brasil.

El mandatario expresó su repudio a los excesos policiales y dijo que es imperdonable y que nunca el presidente ha instruido acciones de esa forma.

La fiscalía buscaba evitar choques entre los nativos

La movilización policial fue realizada con base en una orden de la fiscalía para evitar un choque entre opositores a la vía y campesinos que respaldan el proyecto, de acuerdo con un informe preliminar de los hechos proporcionado por el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti.

La ministra de Defensa, Cecilia Chacón, criticó el despliegue de los uniformados y en señal de protesta presentó a Morales su renuncia.

No comparto la medida de intervención de la marcha que ha asumido el gobierno y no puedo defender ni justificar la misma, en tanto existan otras alternativas dentro del diálogo y el respeto a los derechos humanos, dijo la funcionaria dimitente.

En alusión a las denuncias del gobierno boliviano de que detrás de la marcha hay intereses políticos de la derecha, de empresarios madereros y de la embajada de Estados Unidos, la ministra Chacón indicó que las medidas asumidas, lejos de aislar a la derecha, fortalecen su accionar y manipulación.

La información sobre los hechos fue difundida de manera confusa desde las primeras horas de este lunes por medios radiofónicos y agencias de noticias.

Los agentes policiales irrumpieron la noche del domingo en el campamento provisional de los amazónicos con la aparente finalidad de devolverlos a sus lugares de origen en el departamento de Beni, a bordo de autobuses y camionetas habilitados por las autoridades.

Los campesinos estaban establecidos desde el sábado anterior en una finca privada llamada San Lorenzo, en las afueras de la localidad de Yucomo, 350 kilómetros al noreste de La Paz.

A Yucomo llegaron los amazónicos después de haber tomado en rehenes al canciller David Choquehuanca –también el sábado– y abrirse paso ante un pelotón de policías antimotines, formados en línea sobre el camino de terracería para evitar enfrentamientos entre los indígenas opositores y los habitantes de ese pueblo, que en días pasados levantaron barricadas para impedir el avance de la marcha.

Un primer incidente entre los amazónicos y la policía ocurrió el domingo por la tarde, cuando un grupo de opositores, apoyados por la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente de Bolivia (Cidob), intentó rodear a los uniformados en las afueras de Yucomo.

Según el reporte publicado este lunes por el Ministerio de Gobierno, un grupo de 50 personas armadas con flechas fueron a hostigar al grupo de policías desplegados para evitar enfrentamientos. La policía reporta heridos en sus filas como fruto de esta arremetida.

Los primeros informes sobre la incursión policial en la finca San Lorenzo fueron difundidos por radios locales con base en versiones de los indígenas marchistas, quienes dijeron que la policía recurrió a la fuerza y a gases lacrimógenos para obligar a una cantidad desconocida de amazónicos a subir a cuatro autobuses y varias camionetas, con el fin de trasladarlos a sus comunidades de origen en el norte del departamento de Beni.

Como resultado de esa operación, dijeron los indígenas opositores, un bebé murió y 37 personas están desaparecidas, pero más tarde el Ministerio de Gobierno rechazó que haya habido decesos y ofreció investigar casos de uso excesivo de fuerza.

El convoy de camionetas y autobuses que salió en la madrugada de la finca San Lorenzo hacia la Amazonia fue interceptado por habitantes de la localidad de San Borja, 50 kilómetros al norte de Yucomo, donde a esa hora se encontraba Adolfo Chávez, presidente de la Cidob.

Los residentes de San Borja, al parecer en solidaridad con los indígenas transportados en el convoy, cerraron el camino en la madrugada para evitar que los amazónicos fueran devueltos a sus comunidades por la policía.

Para eludir el bloqueo en San Borja, el convoy se dirigió hacia la población de Rurrenabaque, 100 kilómetros al norte de Yucomo, adonde llegó a las 3:50 de la madrugada de este lunes. Los vehículos fueron llevados hasta un aeródromo, donde hay dos o tres pistas de aterrizaje, según distintas fuentes.

Habitantes de Rurrenabaque –ya dentro de la región amazónica– bloquearon las pistas con troncos y prendieron fuego a llantas para evitar la operación de aeronaves en las que supuestamente se realizaría el traslado de los marchistas. Los agentes policiales dispararon al principio bombas de gas lacrimógeno, pero después se replegaron ante la presión de los locales, que lograron abrirse paso entre los policías y facilitaron la salida de los campesinos de los vehículos terrestres.

Una cantidad indeterminada de campesinos –la agencia Afp informó de 200 personas; Dpa dijo que un millar– se fue hacia el campo la mañana de este lunes tras ser liberados en Rurrenabaque, pero más tarde volvieron al poblado, donde pernoctaron. Otros 200 amazónicos permanecieron en San Borja, acompañados del presidente de la Cidob, Adolfo Chávez.

En La Paz, un grupo de universitarios protestó pacíficamente por la acción policial frente al palacio presidencial de El Quemado.

Varias ONG expresaron su descontento con el excesivo uso de fuerza de la policía, mientras el defensor del pueblo, Rolando Villena, dijo que la operación vulneró el derecho a la libre asociación, a la libertad de pensamiento y de tránsito.