l carácter insólito del acuerdo alcanzado entre el gobierno de Coahuila y diversas instituciones bancarias para refinanciar la astronómica deuda pública de esa entidad –que en el pasado lustro pasó de 300 millones a casi 34 mil millones de pesos–, a menos de un año de la contienda electoral de 2012 y enmedio de los duros señalamientos formulados en contra del ex gobernador y dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Humberto Moreira, obliga a preguntarse por la lógica que subyace en semejante operación.

a Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló finalmente los cambios al artículo 16 de la Constitución de San Luis Potosí, en los que se criminaliza a la mujer que pasa por la dramática situación de verse obligada a interrumpir un embarazo. Un aval similar fue otorgado a las modificaciones que se realizaron a la ley básica de Baja California. Con ello, la política promovida por el Partido Acción Nacional y la jerarquía eclesiástica para impulsar leyes locales que penalicen la libertad del derecho a decidir abarca a dos nuevas entidades.

espués de felicitar a la cuestionada dirigencia perpetua de Valdemar Gutiérrez Fragoso en el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), por la enorme responsabilidad con que se han conducido interviniendo en la 101 asamblea ordinaria del IMSS, Felipe Calderón sostuvo: me queda perfectamente claro que el instituto enfrenta una situación financiera estructural muy delicada. Urge buscar una solución de fondo a sus problemas. Se hace necesario impulsar una nueva generación de reformas que garanticen la viabilidad financiera de largo plazo de esta institución.

na ocasión para volver a mirar la historia de su complicada relación y el saldo de sus actividades: el 29 de septiembre, Lech Walesa entregó a Luiz Inacio Lula da Silva un premio de la Fundación Walesa como reconocimiento por haber actuado para disminuir las desigualdades sociales y fortalecer la importancia de las naciones en desarrollo.

on motivo de un foro organizado por el Senado, nuevamente se puso a discusión el tema del arraigo; quienes lo critican y proponen su desaparición de la Constitución y leyes de procedimientos penales argüyen, con razón, que es violatorio de derechos humanos y contrario a tratados internacionales suscritos por México. Quienes lo defienden, precisamente senadores que podrían iniciar el proceso de derogación, lo ven como un mal necesario que en el futuro desaparecerá, por ahora no, porque se necesita para la guerra contra el narco.