Las desapariciones forzadas son el crimen de lesa humanidad más preocupante para el país, ya que afecta gravemente a miles de personas –las víctimas y sus familiares–, sin que el gobierno haya implementado mecanismos de investigación y búsqueda eficientes, advirtió el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para México, Rodrigo Escobar Gil.

Al presentar las conclusiones de la visita realizada por especialistas de dicho organismo –que comenzó el lunes pasado y concluyó ayer–, el funcionario delineó algunas de las principales inquietudes en la materia. Condenó el poder de los grupos criminales, las agresiones contra periodistas y defensores de los derechos humanos, la persistencia del arraigo, la militarización de la seguridad pública, las pésimas condiciones del sistema carcelario y la vulnerabilidad de los migrantes.

Las desapariciones forzadas son el tema que más preocupa a esta relatoría, porque es el más atroz de los crímenes, pues afecta a la víctima y a su familia, que es sumida en la peor de las angustias, deploró Escobar Gil, y apremió al Estado mexicano a implementar mecanismos de búsqueda efectivos, así como a diseñar alertas y procedimientos para atender estos casos.

Demandó otorgar apoyo sicológico y económico a los familiares de los desaparecidos, capturar y juzgar a los responsables –para romper así con la impunidad– y crear una fiscalía especializada en el tema.

En el documento donde resume las conclusiones de la visita la CIDH advirtió que existe un aumento de las quejas por desaparición forzada –la Comisión Nacional de los Derechos Humanos habló de 5 mil–, sin contar todos los casos no denunciados.

Aunque el organismo interamericano encomió algunos avances importantes, entre ellos la reforma constitucional de derechos humanos del pasado 10 de junio, la restricción del fuero militar y la reforma al amparo, señaló que en el país aún existen la tortura, las fallas al debido proceso, el trabajo infantil y la discriminación y violencia contra sectores vulnerables, como mujeres, indígenas, discapacitados y homosexuales.

De acuerdo con la información recabada por la CIDH, entre 2008 y 2010 la violencia criminal ha aumentado 50 por ciento cada año, con más de 34 mil asesinatos ocurridos en los cinco años recientes, como parte de una ola de criminalidad en la cual también participan servidores públicos.

En sesión de preguntas y respuestas, Escobar Gil señaló que el tema de los grupos paramilitares no fue abordado con los representantes del gobierno mexicano, pero consideró que si dichas bandas existen, se trata de una situación muy grave, ya que so pretexto de servir a la comunidad, se generaría más violencia y daños graves, de consecuencias imprevisibles.