La comisión plural de diputados que revisa la legalidad de la operación de casas de apuesta en México presentará al pleno un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para solicitar a la Secretaría de Gobernación que revoque los permisos a todos los casinos del país, los someta a revisión legal y administrativa que implique el estudio de las autorizaciones, las medidas de protección civil que han implementado y el historial de sus propietarios.

Una vez aplicados esos requisitos, la autoridad determinaría si se reabren esos centros de apuesta o se cierran definitivamente.

Ayer, tras cancelarse la reunión del grupo de trabajo con funcionarios federales, porque Aracely Barroso Rodríguez, directora general adjunta de Juegos y Sorteos de Gobernación, y Alfredo Gutiérrez Ortiz, director del Sistema de Administración Tributaria (SAT), no acudieron a San Lázaro para estudiar el tipo de permisos que se otorgan a los empresarios dedicados al juego, la diputada Lizbeth García –presidenta del grupo de trabajo– reprochó la desatención del gobierno a tan relevante tema, porque sólo acudió a la cita Víctor Miguel Gama, jefe de unidad de la Subdirección de Delitos Federales de la Procuraduría General de la República.