La Paz, 1º de octubre. Los indígenas amazónicos que se oponen a la construcción de una carretera que uniría la selva del Amazonas y la cordillera de los Andes, en territorio boliviano, reanudaron este sábado su marcha hacia La Paz, desde el pueblo de Quiquibey, en el departamento de Beni, cinco días después de la represión de su movimiento y de que el presidente de Bolivia, Evo Morales, suspendió las obras y convocó a un referendo sobre el futuro de la vía.

La caminata comenzó a las 6 de la mañana de hoy a 300 kilómetros al noreste de La Paz, adonde pretenden llegar los indígenas para expresar su rechazo a la obra en una franja de terreno dentro del territorio indígena Parque Nacional Isiboro Sécure.

Nuestra intención no es la de enfrentarnos. Lo que debe hacer el gobierno en vez de acusar a los indígenas es resolver de una vez este problema de la carretera, afirmó Adolfo Chávez, el presidente de la Central Indígena del Oriente Boliviano y ex aliado de Morales, en alusión a las declaraciones del mandatario en el sentido de que la derecha alienta el movimiento amazónico para sabotear la primera elección de magistrados del Poder Judicial, el 16 de octubre próximo.

Morales intentó nueve veces entablar un diálogo con los indígenas, que tienen el apoyo de algunos grupos ecologistas. Para ello envió una decena de funcionarios que buscaron a los marchistas en distintos puntos, pero ninguna propuesta fue suficiente para persuadir a los amazónicos de que no recorran los 602 kilómetros desde Trinidad, en Beni, a La Paz.

El presidente encabezó hoy una reunión con decenas de residentes del parque nacional amazónico y de comunidades cercanas para defender el proyecto.

El camino no es solamente para la integración (del territorio), sino para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de esa región, donde las escuelas son una pena y las comunidades no tienen energía, gas ni salud ni educación, señaló Morales.

Afirmó que 80 por ciento de la ruta esta construida desde hace tiempo y que sólo faltan 60 kilómetros de la segunda de tres fases, para lo que es necesario desmontar 918 hectáreas de selva, nada comparable con las 180 mil hectáreas que anualmente destruyen los agroindustriales en el país.