s imprudencia mayor, por razones científicas, históricas y contemporáneas, desatender el poder e influencia de las grandes petroleras y su cabildo en Wa-shington, Dallas y Houston, en la dinámica político-electoral o en la diplomacia de fuerza de Estados Unidos hacia México y las Américas. A pocos sorprende el apego de los precandidatos Mitt Romney y Rick Perry, el gobernador de Texas, a la agenda del American Petroleum Institute (API), eje del cabildo petrolero. La desaforada narrativa de Perry, indicio ominoso del armagedón económico-militar en curso en Irak, Afga-nistán y Libia, incluye la liberación total de los gases con efecto invernadero y la intervención militar en México.

Perry sigue la costosa promoción del API en prensa, radio y television y promete abatir el desempleo a cambio de subsidios, desregulación y permisos generalizados de perforación a las petroleras. Para salir de la crisis propone cercenar el presupuesto federal de la Agencia Ambiental o el apoyo a las energías alternativas, exigiendo abrir todas las áreas protegidas a la perforación de pozos y permisos fast track para operar en el Golfo de México. Las grandes petroleras, por su parte, lanzan una vasta campaña para apoderarse del petróleo no-convencional de las Americas, mutadas en la nueva Arabia Saudita, desde las arenas bituminosas de Alberta y las aguas profundas de Brasil, hasta la selva de Colombia. (NYT/20/9/2011)

Perry propone enviar tropas a México para abatir la violencia del narco pero rechaza toda restricción al enorme flujo de armas de alto poder al sur que, junto al astronómico lavado de dinero en bancos y empresas de Estados Unidos, es parte central de la madeja causal del desenfreno de la violencia que sufre México, en especial en Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua, donde miles de connacionales, empresarios y profesionales altamente calificados, se refugian en el sur de Texas, generando lo que economistas y prensa correctamente perciben como un “boom por el éxodo norteño”. (Reforma,7/8/2011p1)

En nuestra frontera norte, que es la de América Latina con Estados Unidos, se constata la implicación de esa potencia en un proceso de violento desalojo de mexicanos, por la “guerra anti-narco”, que incluye, desde tiempos de Bush, operativos tipo rápido y furioso, bajo auspicio oficial. Se promueve el binomio violencia-desalojo que, en los hechos, contribuye a que las ciudades fronterizas como El Paso y Mission tengan un acelerado desarrollo. El boom en Mission, la ha llevado a ubicarse como la cuarta en crecimiento sostenido en Estados Unidos, lo que contrasta con los problemas económicos e inmobiliarios que padece actualmente este país. En este auge, se destaca que 70 por ciento de las nuevas casas son propiedad de mexicanos.(ibid) De la Red de Empresarios Mexicanos Radicados en el Paso se advierte que Juárez es territorio de nadie mientras el Comando Norte (CN) realiza un monitoreo sociológico del gran desalojo, gestado por su guerra irregular que, como dice el CN, al igual que en Afganistán, combate a un enemigo que está entre los civiles.

Con el ex secretario de Energía de Fox en Los Pinos desplegando una brutal guerra irregular que lleva 50 mil muertos y miles de desaparecidos, y siguiendo el diseño energético de la corrupta y fallida Enron, vigente desde Zedillo-Fox, a favor de las grandes petroleras/gaseras, la agenda energética y de seguridad de Estados Unidos aquí, merece revisión y reversión.

Está en juego el país, empezando por el Norte, con una sociedad creativa, laboriosa y abundantes recursos naturales. Se abren los campos petroleros a firmas extranjeras cuando hay ataques, secuestros de trabajadores de Pemex, saqueo de ductos, con apoyo de entes armados, todo atribuido al crimen organizado. La conjunción del entreguismo energético, con el de guerra irregular, es explosivo. En especial cuando el Washington Post revela despliegues de fuerzas especiales de Estados Unidos en 120 países, 19 de ellos latinoamericanos.

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