n el país de las cosas al revés, el ahorro de los mexicanos de menores ingresos se invierte en el extranjero, como si internamente faltara dónde hacerlo; sin su conocimiento, los trabajadores que reciben o recibirán miserables pensiones (aunque los administradores de sus fondos siempre obtienen jugosas ganancias) exportan sus dineros con el fin de apuntalar consorcios privados, estimular la generación de empleo y fortalecer la captación fiscal más allá de las fronteras nacionales; salarios de hambre se pagan a esos ahorristas, pero sus raquíticos fondos de retiro se destinan a sus mismos empleadores para que éstos incrementen sus utilidades o libren algún quebranto financiero; en síntesis, el ahorro de los más para aumentar los caudales de los menos.

Resulta que en un país en el que la inversión sigue sin recuperar el nivel previo a la crisis de 2009, “recursos de los trabajadores mexicanos por 292 mil 637 millones de pesos, que están depositados en el sistema privado de pensiones, han sido transferidos al exterior para financiar empresas, en un movimiento que fue calificado de una exportación de capitales… De esa suma, 222 mil 404 millones de pesos han sido empleados para la compra de acciones de empresas que cotizan en mercados bursátiles fuera del país –cuyo precio fluctúa de acuerdo con la variación de los mercados– y el resto, 70 mil 233 millones de pesos, en títulos de deuda internacional, según los datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, Consar” (La Jornada, Roberto González Amador)

Privatizado casi tres lustros atrás, en el sexenio zedillista, el nuevo esquema de fondos para el retiro ha servido para tres cosas concretas: mantener las pensiones de los trabajadores por debajo de los niveles de subsistencias, por decirlo suave; incrementar sostenidamente las ganancias de los administradores privados (casi todos integrantes de los grandes corporativos financieros, extranjeros en su mayoría, que incluyen bancos y casas de bolsa, entre otros negocios) y capitalizar empresas nacionales y foráneas a un costo –para ellas, desde luego– muy reducido. Todo ello se ha registrado, mientras el sonriente gobierno federal aplaude y se lava las manos de su responsabilidad en esta materia.

En esta república empresariocrática, al cierre de septiembre de 2011 catorce empresas privadas administraban el ahorro de 42 millones de mexicanos. Como en todo sector económico que se respete, la concentración es la norma; 50 por ciento de ese monto lo acaparan tan sólo cuatro consorcios (Banamex, ING, Bancomer y Principal). Las comisiones que sobre el saldo del ahorro cobran los administradores por el manejo de cada una de las cuentas fluctúan entre uno por ciento (Pensionissste) y 1.96 por ciento (Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, el de los abonos chiquitos y los intereses grandotes), que les generarán ingresos brutos por alrededor de 38 mil millones de pesos en el presente año.

La citada es una primera tajada del pastel que queda en manos de los administradores privados, quienes invierten los recursos de los trabajadores en acciones y deuda de empresas privadas nacionales y extranjeras, y en valores gubernamentales mexicano y foráneos. Si las inversiones generan ganancias, se reparten entre ahorristas y administradores; si hay pérdidas (minusvalías, como las califican), las asume íntegramente el ahorrador, en este justo cuan muy equilibrado esquema privatizado. Así, más allá de nuestras fronteras y sin que se enteren los propietarios de los dineros, los trabajadores mexicanos invierten en empresas y mercados estadunidenses, canadienses, latinoamericanos, europeos, asiáticos y de Oceanía, y en títulos de deuda de los gobiernos de aquí, de allá y de acullá.

Cómo estará el horno, que hasta los propios banqueros autóctonos reconocen que el uso de una parte del ahorro de millones de mexicanos para financiar empresas extranjeras “es un ejemplo de la poca eficiencia del sistema financiero mexicano… si hay escasos recursos para invertir en México, ese dinero debería ponerse a trabajar aquí”, de acuerdo con Juan Guichard, director general del Grupo Financiero Invex, al comentar sobre el uso de recursos confiados a las administradoras de fondos para el retiro (Afore) para ser invertido en acciones y títulos de deuda en mercados financieros del exterior (ídem).

El citado banquero advierte que se trata de una exportación de capitales, toda vez que “se están invirtiendo esos recursos en acciones de empresas de otros países, y qué bueno que se haga. Pero si aquí no tenemos capital para impulsar el crecimiento, aun así nos damos el lujo de exportar capital… Si ese dinero se pusiera a trabajar en México se generaría actividad económica aquí. La participación del sector financiero en el desarrollo económico del país deja mucho que desear. Hoy en día el sistema financiero del país está concentrado, extranjerizado, con poca especialización y escasa participación en la actividad económica. Nos afecta la extranjerización. No hay un país en que 85 por ciento del capital (de la banca) esté en manos extranjeras, como aquí. No es que esté mal que haya extranjeros, qué bueno que vengan. Lo malo es que no haya más bancos mexicanos” (ibídem).

He allí el alucinante panorama en el país de las cosas al revés, donde los magnates marca Forbes (15 por ciento del PIB para ellos solitos) invierten muy fuerte, pero fuera de nuestras fronteras con recursos obtenidos en México; las administradoras de fondos para el retiro, mayoritariamente extranjeras, también lo hacen pero en terceras naciones con dinero de los trabajadores mexicanos; a la vez, la banca extranjera saquea a los mexicanos para incrementar las utilidades de sus matrices, obvio es que con sede fuera de México, y en éste, para redondear, el actual nivel de inversión se mantiene por debajo del máximo observado en octubre de 2008 (arranque oficial de la crisis) con respecto del cual presenta una caída acumulada de 8.81 por ciento. Y en medio de este desgarriate, el despistado gobierno calderonista celebra la solidez de la economía mexicana.

Las rebanadas del pastel

A Tristán Canales le dio por contar chistes, muy malos por cierto, pero chistes al fin: “la radio y televisión mexicanas nunca se han asumido como un poder por encima del Estado, a pesar de lo que digan los detractores; los radiodifusores de México somos soldados civiles de la patria (casi casi como El Tigre Azcárraga), siempre al servicio de la sociedad y de las instituciones… Nunca han exigido trato excepcional”, dijo alegremente el ex diputado y funcionario priísta, quien ahora despacha como presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión.

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