Mexicali, BC. El ejido Plan Nacional Agrario, el más extenso del país con 520 mil 784 hectáreas, contiene en sus montañas un filón de oro y plata que hoy divide a los dueños de esas tierras y la empresa que lo descubrió y explota. Cada uno de los ejidatarios recibe un pago por concepto de renta de 11 mil pesos al año de la minera Frisco. Ésta calcula las reservas probadas y probables de ambos metales en unas 295 toneladas en cinco zonas concesionadas a su favor, en la región norte de Baja California.

El Banco de México resguarda en sus bóvedas 100.15 toneladas del metal dorado. Los proyectos mineros de Frisco son un atractivo en la Bolsa Mexicana de Valores, principalmente por la volatilidad en el precio del oro y la plata, originada por la devaluación del dólar.

Paralelamente al éxito de las actividades mineras de Frisco, en el norte del país se escribe aún la historia de la Minera Real de Ángeles –integrante de Frisco–, a la que los propietarios del cerro Colorado y sus desérticos alrededores reclaman justicia a 20 años de firmados los convenios para que la empresa explorara la región.

A la fecha, la minera ha negociado la compra de importantes porciones de tierra que forman parte del área de explotación. La empresa ofrece a los ejidatarios un pago de 2 mil dólares por hectárea. La mayoría de esos propietarios decidieron demandar un pago –para cada uno de los 214 ejidatarios– de un millón de dólares.

La documentación oficial refiere que el 10 de junio de 1969 Gustavo Díaz Ordaz firmó la resolución presidencial por la que reconoció al ejido Plan Nacional Agrario con una superficie de 520 mil 784 hectáreas.

Años después, en septiembre de 1991, los ejidatarios aceptaron en asamblea negociar con la empresa Minera Real de Ángeles, a través del representante de ésta, Ernesto Camacho, un primer convenio de renta para explotar ocho lotes mineros con extensión de 63 hectáreas. La compañía erogó por concepto de compensación 12 millones 567 mil 210 de viejos pesos.

El 2 de agosto de 1996 la minera firmó con los ejidatarios un nuevo convenio para exploración, barrenación y obra directa en San Felipe. Solicitó y obtuvo autorización para ocupar 863 hectáreas más del ejido, por lo que pagó a los habitantes 225 mil pesos por renta anual.

Ese mismo día se firmó un convenio paralelo para la ocupación temporal de 329 hectáreas más, donde se construían caminos de acceso a obras mineras, campamentos, almacenes y plantas de beneficios. Por esa área se acordaron cinco pagos por un monto de 271 mil 993 cada uno.

Transcurrieron tres años más, y el 31 de octubre de 1999 la empresa y los ejidatarios firmaron un contrato de ocupación temporal por mil 585 hectáreas más. Se autorizó a la minera construir las servidumbres necesarias para las actividades de extracción. El contrato anual ascendió a un millón de pesos, más el impuesto al valor agregado (IVA). La duración de éste se estableció en 20 años.

La razón de esta ampliación de la minera obedeció a que el 30 de junio de 1994 la entonces Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal (SEMIP) expidió a favor de la compañía San Felipe (propietaria de la mina Real de Ángeles) el título de concesión para explotar 50 mil hectáreas del lote San Felipe 6.

También otorgó a la misma empresa otra concesión para explotar 50 mil hectáreas más del lote San Felipe 14. Ese mismo día concedió otras 45 mil hectáreas para ser explotadas en el lote San Felipe 13. Y el 15 de julio de 1994 la SEMIP expidió la concesión para explotar el lote San Felipe 2, con superficie de 3 mil 289 hectáreas.

El 29 de marzo de 2000 la dirección general de minas de la Secretaría de Comercio recibió de la minera la solicitud de ocupación temporal de las mil 585 hectáreas referidas, pertenecientes al ejido Plan Nacional Agrario. Esta área fue evaluada por la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales en 951 mil pesos.

La Secretaría de Comercio resolvió que los ejidatarios en su conjunto debían recibir una indemnización por 190 mil pesos, como lo firmó en su momento el director general de minas, Luis Raúl Escudero.

Diez años después, a raíz de la generosa explotación de oro en el proyecto Real de Ángeles, la empresa ofreció el pago de 2 mil dólares por hectárea a los ejidatarios. El 29 de octubre de 2010 el gerente de exploración de la firma, Atanasio Ibarra, envió al presidente del comisariado ejidal, Jorge Alberto Camacho, un oficio en el que le externó el interés por adquirir 2 mil 777 hectáreas de ocupación temporal y 5 mil 558 de terreno de uso común.

El comisariado ejidal, al informar la existencia de esa propuesta, fue objeto de repudio de la mayoría de los propietarios, quienes lo responsabilizan de haberse beneficiado de las negociaciones con la minera, y le imputaron la responsabilidad de haber vendido su porción de tierra a un precio de 3 millones de dólares.

El descontento llegó a tal nivel que se creó una mesa negociadora por parte de los ejidatarios, formada por Jesús Moreno, Alejandro Menchaca, Rafael Navarro y Francisco Sosa.

Los cuatro ejidatarios, que ya han sido facultados para negociar directamente con la minera, por encima del comisariado ejidal –que deberá firmar todos los documentos que la negociadora produzca–, respondieron que la postura de la empresa Real de Ángeles es un agravio, la forma en que se pretende tratarnos, y en función de la situación económica que prevalece actualmente, sentimos un insulto, por jugar con la necesidad de la gente, al bajar de forma considerable el número de hectáreas a tratar; por lo tanto, no queremos y no vamos a negociar absolutamente nada en los términos expresados por ustedes.

Al crecer la inconformidad en el núcleo ejidal, sus integrantes advierten que denunciarán la explotación a campo abierto de los terrenos arrendados, porque a decir de ellos podrían existir violaciones a las leyes de Equilibrio Ecológico, para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, de Sanidad Vegetal y de Vida Silvestre.

El ejido hace responsable a la minera por las operaciones que esté llevando a cabo en el terreno arrendado, por los materiales químicos que hayan dañado o pudieran dañar a las personas que hayan trabajado, trabajen o vayan a trabajar en la mina... a partir de este momento sepan perfectamente que buscaremos por todos los medios legales a nuestro alcance, cerciorarnos si los contratos firmados por el ejido están apegados a derecho, además verificar si los mismos no adolecen de alguna causante de rescisión o vicio que afecte la validez de los mismos.