éxico es un país abierto a Estados Unidos y cerrado al mundo exterior. Aunque nos cueste aceptarlo los datos son apabullantes: 98.7 de los migrantes mexicanos se dirigen única y exclusivamente hacia Estados Unidos. La emigración mexicana es unidireccional en términos absolutos y relativos.

Por otra parte, la población extranjera en México representa tan sólo 0.87% del total. Una cantidad ínfima de 800 mil extranjeros, de los cuales, aproximadamente una cuarta parte son mexicanos nacidos en Estados Unidos, hijos de migrantes.

La fuga de personal calificado de México es masiva y ha sido estimada en 20 mil ciudadanos con título de doctorado. Obviamente, un título no es garantía de genio. Pero demos rienda suelta a la imaginación e imaginemos que esos 20 mil profesores o profesionales vuelven a las universidades o empresas del país. El capital humano que tendríamos en el sistema educativo y empresarial seria envidiable.

Ahora bien, si el país perdió 20 mil doctores, a cuántos hemos podido atraer o invitar a trabajar a nuestras universidades. No tenemos datos a la mano, pero no creo que lleguen a mil o dos mil profesionales con doctorado. El balance sigue siendo extremamente negativo.

En la nueva ley migratoria, aprobada hace unos meses, no hay ninguna disposición que intente solucionar este dilema y que proponga facilitar el ingreso de extranjeros con altos niveles de calificación. Entre tanto, todos los países desarrollados tratan de sacar ventaja en la disputa mundial por cerebros e intentan competir con el gran imán de atracción que son las grandes universidades estadunidenses.

En Argentina, país de inmigrantes, los extranjeros tienen derecho a votar en las elecciones para gobernador y autoridades locales. Es una tendencia ya marcada en los países occidentales otorgar el derecho al voto de acuerdo al principio de la residencia, y no tanto de la nacionalidad. En México, esta posibilidad es tan remota como la estratósfera.

Primero habría que avanzar en otorgarle derechos políticos a los mexicanos naturalizados que sólo tienen derecho a votar. La cláusula de mexicano por nacimiento excluye a los no nacidos en esta tierra, pero mexicanos por adopción, de ser diputados, senadores, presidentes municipales. No tienen derecho a ser votados, sólo a votar. Incluso la cláusula del mexicano de nacimiento aplica para puestos altos como una secretaría de Estado, que no es de elección popular, para las empresas paraestatales e incluso en las universidades públicas y centros de investigación.

Más aún, el origen nacional o extranjero, puede ser utilizado como un estigma, como un recordatorio de la no pertenencia. Recordemos al empresario de origen argentino Carlos Ahumada, naturalizado mexicano, que aprendió muy bien a corromper a políticos y funcionarios. Su modus operandi es exactamente igual al de muchos empresarios mexicanos que consiguen contratos de manera irregular, pero la prensa siempre habló de él como el empresario de origen argentino. Incluso, en el caso de Édgar Valdés Villareal, La Barbie, narcotraficante mexicano del grupo de los Beltrán Leyva, fue calificado como de origen estadunidense. Curiosamente la prensa de ese país habría calificado a La Barbie como de origen mexicano.

Contaba don Pedro Armillas, famoso arqueólogo de origen español, refugiado en México, que una vez concursó para una beca y el director lo llamó para explicarle que él tenía mayores méritos académicos que otros colegas, pero que no podía otorgársela porque no era mexicano de nacimiento. Armillas le contestó que contra ese argumento no podía competir, no podía cambiar su origen: por más estudios, empeño y esfuerzo que hiciera seguiría siendo español de nacimiento. Fue una de las razones por las que abandonó México y se fue a una universidad estadunidense.

Esta manera de pensar o de proceder va incluso más allá de la nacionalidad. En mi caso, cuando pedí una beca de la universidad, me contestaron, por escrito, que no podían dármela porque yo no había estudiado ahí. En efecto venía de otra universidad mexicana. Los únicos profesores que tenían derecho a becas eran los verdaderos hijos del alma mater, los que veníamos de otros lados éramos profesores de segunda. Sin duda, el sentido corporativo, de nacencia o procedencia, otorga ciertos privilegios que nada tienen que ver con los méritos.

Quizá el extremo en este proceso se dé en el nivel sindical, donde se aplicaba la famosa cláusula de exclusión, donde no había posibilidad a la disidencia o a la independencia. El ingreso al espacio laboral o fabril pasaba por el requisito de la adscripción sindical. De este modo, se lograba la fidelidad absoluta y total al líder sindical y al sistema corporativo.

Muchas universidades, entre ellas la UNAM, exigen a los estudiantes extranjeros para revalidar sus estudios de licenciatura que presenten documentos probatorios del servicio social. Sin embargo, el servicio social universitario no es una asignatura académica, es una práctica mexicana que no se realiza en otros países y es imposible conseguir un comprobante oficial sobre este tipo de práctica local. Pero la burocracia universitaria es inflexible. Es una forma de excluir, de cerrar el acceso o el ingreso a los extranjeros al sistema educativo mexicano.

Ciertamente se han dado algunos avances. Se corrigió aquella norma excluyente para los mexicanos de nacimiento, pero de padres extranjeros (artículo 88), que tenían que renunciar a la nacionalidad de sus padres y no tenían acceso a la Presidencia de la República. Fue el caso de Vicente Fox, que no pudo competir en 1994, porque su madre era española de origen y finalmente se reformó esta restricción.

México empieza a abrir sus puertas en cuanto a visas y requisitos formales para ingresar al país, pero tendrá también que hacerlo en el campo legislativo, en el ambiente universitario, en las oficinas burocráticas y en la sociedad misma. El futuro está en la apertura, no en estar cerrados al exterior.