Cannes, 4 de noviembre. El presidente Felipe Calderón advirtió que la Procuraduría General de la República (PGR) actuará con todas sus consecuencias sin extralimitarse ni inhibirse por razones políticas en casos de corrupción, y criticó las distorsiones provocadas por la deuda de una entidad, en referencia al caso del dirigente del PRI, Humberto Moreira.

Cuando se le preguntó si su gobierno castigará supuestos actos de corrupción cometidos por ex gobernadores priístas como Moreira, Fidel Herrera Beltrán y Mario Marín, explicó que, sin anticipar el calificativo de que se cometió fraude, en una entidad se generaron distorsiones serias por no informar los montos reales de la deuda estatal.

De cara a las elecciones de 2012, se le preguntó su opinión sobre la desventaja de su ex secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, en las encuestas para elegir al candidato del PAN a la Presidencia. Reiteró que respetará los procesos internos de su partido y de otros, y resaltó que si hay un juego democrático el resultado es impredecible.

En su intento por deslindarse de estar involucrado en la contienda interna del blanquiazul, insistió en que sólo se sabrá quién gana un proceso interno o una elección constitucional una vez que los votantes hayan participado. Y si se hace con libertad esa incertidumbre democrática es, precisamente, lo que le da poder y valor a la libertad de cada uno de los electores.

Concluida su participación en la cumbre del Grupo de los 20, Calderón ofreció una rueda de prensa, en la que por primera vez habló sobre el papel de la PGR en la investigación de expedientes de corrupción cuando el PAN y sus precandidatos presidenciales han arreciado los ataques contra el ex mandatario de Coahuila.

En días recientes, tanto Cordero como Santiago Creel han acusado a Moreira de haber endeudado de manera irresponsable el estado de Coahuila, ya que al concluir su mandato afirmó que el débito ascendía a 7 mil millones de pesos, pero luego se difundió que el monto real es de 32 mil millones.

Antes de concluir su visita en Francia, Calderón aseveró: en la medida en que haya evidencias, que conforme a la ley sean judicializables, el deber del gobierno y de la Procuraduría General de la República es actuar conforme a esas evidencias, sin extralimitarse por razones políticas, ni tampoco inhibirse por razones políticas, sino simple y sencillamente actuar conforme a la ley, con todas sus consecuencias.

En un salón del Palacio de los Festivales añadió: simple y sencillamente (la PGR) actuará conforme a la ley, con todas sus consecuencias. Es lo que ha hecho y seguirá haciendo.

Previamente denunció que la opacidad en los estados se materializa no sólo en actos de corrupción desde el soborno para modificar un uso de suelo, sino también en actos que si bien yo no quiero anticiparme y calificar de corrupción, sí provocan distorsiones serias, como el de establecer el monto de una deuda que está muy lejana de los montos reales que se adquieren; (...) eso, evidentemente, creo que es derecho de los ciudadanos conocer con toda transparencia y que el mayor reto contra la corrupción y por la transparencia en el país, a mí no me cabe la menor duda, tiene que darse a nivel estatal.

Presumió que para evitar corrupción e impunidad su gobierno ha hecho un gran esfuerzo a favor de la transparencia. Nos ha costado mucho trabajo. Pero, hoy por hoy, a nivel federal en México se ejerce una de las prácticas de mayor transparencia en muchos países del mundo.

Se enorgulleció de que en una reunión en Nueva York varios presidentes se sorprendieron con su señalamiento de que la información en poder del gobierno federal está disponible para el público y 99 por ciento de los requerimientos han recibido respuesta. Por eso insistió en que la transparencia es el principal inhibidor de la corrupción en el ámbito federal.

Exige un IFE completo

Calderón volvió a demandar al Congreso hacer un esfuerzo político para concluir la integración del Instituto Federal Electoral (IFE) con los tres consejeros que faltan, con miras a los comicios del año próximo.

Descartó que esta omisión genere un problema de legitimidad, porque en un país con estado de derecho como el mexicano la legitimidad proviene del cumplimiento de la ley en todos sus ámbitos.

De tal manera que ése no es el problema (de legitimidad) a mi juicio, sino simplemente de credibilidad y confianza que todo proceso merece, y sobre todo en una elección tan competida como la que se celebrará en 2012.