Organizaciones campesinas denunciaron que la Secretaría de Hacienda pretende que los 3.5 millones de ejidatarios se integren al Registro Federal de Contribuyentes para que puedan acceder a los recursos de los programas para el agro.

Luis de Garay, secretario general de la Unión General Obrera, Campesina y Popular, dijo que la medida empobrecerá más al campesinado y beneficiará a las grandes empresas.

Las autoridades hacendarias escogieron a los campesinos más pobres, a los que tienen menos de tres hectáreas y constituyen más de 70 por ciento de los productores de menores ingresos para convertirlos en víctimas del fisco, en el marco de una campaña que busca corregir errores de recaudación tributaria a costillas de los que menos tienen.

Comentó que la intención de las autoridades es condicionar la entrega de los subsidios, y a quienes no cuenten con la cédula fiscal, como se plantea en el anteproyecto de primera resolución de modificaciones a la miscelánea fiscal 2011, se reduciría la entrega a menos de 10 mil pesos. Se pone en desventaja a quienes presuntamente se busca incorporar al desarrollo, sostuvo.

Al respecto, José Narro Céspedes, diputado y dirigente de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, explicó que la ley no especifica qué productores deben quedar fuera de la normatividad fiscal, por lo que los legisladores siguen pugnando para que en un artículo transitorio se especifique que quienes tengan ingresos menores a un millón de pesos anuales queden al margen de la exigencia administrativa.

Respecto al presupuesto, consideró que haber logrado que se asignen 305 mil millones de pesos al programa especial concurrente es suficiente.

El problema ya no es de recursos, sino de la calidad en el ejercicio del presupuesto.

Explicó que la demanda campesina es que se entreguen a tiempo los recursos y que éstos dejen de concentrarse entre los productores de Sinaloa y Sonora y dejen muy pocos recursos para el resto de agricultores.

Como ejemplo, mencionó que en el caso de los recursos para la industrialización del café se propuso que 70 por ciento se entregue a las comunidades indígenas de menos de cinco hectáreas, y se haga lo mismo con el presupuesto para artesanías.

En el caso del Procampo, también hay una propuesta de restructuración, pues el mayor porcentaje de dicho programa se canaliza a Sonora y Sinaloa.

Raúl Pérez Bedolla, secretario de organización de la Alianza Campesina del Noroeste, se pronunció en contra de que a Financiera Rural se le deje un presupuesto de 529.2 millones de pesos para 2012, menos de la mitad de los recursos asignados para este año, y a Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura se le asignan 321.9 millones frente a los 800 millones de pesos que ejerció en 2011.

Organizaciones del Congreso Agrario Permanente no estamos a favor de que se reduzca el presupuesto para ambas instituciones financieras, apuntó.