La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ejerció su facultad de atracción y resolverá sobre el amparo que presentaron Zhu Wei Yi y Tomintat Marx Yu contra la negativa del juez de sustituir la pena de prisión preventiva para que puedan enfrentar en libertad el proceso penal en su contra. La Procuraduría General de la República (PGR) los acusa de pertenecer al grupo delictivo del empresario de origen chino Zhenli Ye Gon, a quien le decomisaron 207 millones de dólares en marzo de 2007.

Con el voto en contra de Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, la primera sala avaló el proyecto del ministro José Ramón Cossío para que la Corte conozca sobre el caso. Los quejosos alegan que las normas internacionales señalan que la privación de la libertad del inculpado no puede residir en fines preventivos generales o especiales atribuibles a la pena.

Los ministros Cossío, Olga Sánchez Cordero y Arturo Zaldívar consideraron que el asunto tiene interés y trascendencia jurídica, por lo que, sin prejuzgar sobre el fondo del mismo, podrán analizar el tema de prisión preventiva en el plano de los valores sociales, políticos y de convivencia en el Estado mexicano, que podría derivar en criterios normativos de alto impacto para éste y otros casos.

Además, revisarán si las leyes mexicanas concuerdan con la normatividad y jurisprudencia internacional, o cuál debe prevalecer para favorecer a los procesados de la manera más amplia, relativos a justificar la prisión preventiva que en forma oficiosa o automática se impone a los inculpados por delitos considerados graves.

Los ciudadanos de origen chino fueron detenidos en el domicilio de Zhenli Ye Gon, donde se realizó el decomiso más grande de la historia de dinero en efectivo. La PGR los acusó de delitos contra la salud en la modalidad de fomento, delincuencia organizada y lavado de dinero, por lo que ambos fueron encarcelados en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

Un tribunal federal los amparó contra esos delitos, pero la PGR inició otro proceso en su contra, por lo que siguen detenidos.

Los acusados solicitaron amparo para seguir el proceso en libertad, argumentando de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la restricción al derecho de libertad personal sólo puede fundamentarse, entre otros supuestos, en que el acusado no impida el desarrollo del procedimiento en su contra ni que eluda la acción de la justicia.