Buenos Aires, 21 de noviembre. Un juez federal de la provincia de Mendoza destituido en 2002 y procesado por intento de extorsión, acompañó a fugarse a Chile en agoso pasado, a su colega Otilio Roque Romano, suspendido en su cargo por su complicidad con la pasada dictadura (1976-1983).

El ex juez federal Luis Leiva reconoció que acompañó a Romano a cruzar a Chile, el 24 de agosto, un día antes de que el Consejo de la Magistratura suspendiera a éste.

Romano pidió asilo declarándose perseguido político, pero ante las noticias desde Argentina, el gobierno chileno sólo le concedió una visa temporal de residencia. Después de conocerse una serie de nuevas acusaciones y testimonios contra el ex juez Romano la justicia argentina pedirá la extradición del ex magistrado.

Leiva reconoció ante la justicia su antigua amistad con el prófugo desde que fue secretario del juzgado en que era fiscal Romano, en 1975. En sus declaraciones negó que hubiera indagado a detenidos encapuchados o con los ojos vendados, como surge de los testimonios de las víctimas.

También reconoció que Romano escapó porque sabía que se había tomado la decisión política de suspenderlo y no quería quedar bajo el acoso de la prensa.

Precisamente las causas que se llevan adelante en todo el país juzgando los delitos de lesa humanidad cometidos durante la pasada dictadura involucran hasta ahora a unos 55 jueces, ex jueces, fiscales y funcionarios judiciales, pero en cada juicio aparecen nuevos casos.

Así lo informó en las últimas horas la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las investigaciones por delitos de lesa humanidad.

El primer magistrado juzgado en la provincia de Santa Fe fue el ex juez federal Víctor Brusa condenado en 2009 a 21 años de prisión por su participación activa en las sesiones de torturas, cuando recorría los centros de detención de Santa Fe e interrogaba a las víctimas.

Una ex detenida Alba Alicia Sánchez, señaló a Brusa como la persona que le quemó el pecho con cigarrillos y abusó de su condición de mujer. mientras estaba detenida en la seccional cuarta de policía de Santa Fe.

En los últimos años desde que se reanudaron los juicios fue surgiendo la complicidad de los jueces, muchos de los cuáles continuaban en cargos importantes e incluso habían logrado retrasar las causas.

El fiscal Jorge Auat, a cargo de la Unidad Fiscal, señaló desde hace tiempo la necesidad de ir a fondo sobre el papel jugado por estos funcionarios judiciales , cómplices de crímenes aberrantes que continuaban en cargos y no estaban en capacidad de investigar esos delitos porque estaban involucrados. Éstos eran los funcionarios judiciales que objetivamente impedían e impiden el avance natural de los juicios, dijo Auat.

En varios casos las víctimas reconocieron horrorizadas a algunos jueces a los que habían relatado las torturas y violaciones, las desapariciones forzadas y no habían hecho nada para impedirlo.

Con el avance de los juicios, los testimonios comenzaron a develar la estrecha relación de una estructura judicial que, si bien no participó de la represión de primera mano, como el caso de Brusa, le tendió un manto legal a los secuestros y las torturas, a sabiendas de lo que sucedía en los centros de detención señala un analista.

En todas las provincias hay jueces y funcionarios procesados en este momento en que también se ha comenzado a juzgar a las grandes empresas locales y trasnacionales que fueron cómplices de la dictadura y en algunas de cuyas sedes se torturó y desapareció a trabajadores. Es un paso gigante para la justicia y una derrota necesaria de la impunidad, dijo Auat,