El Estado mexicano niega los derechos de los pueblos indígenas, por lo que se requiere definir los mecanismos para una nueva relación entre éstos y el Estado nación, plantearon integrantes del Movimiento Indígena Nacional (MIN) al convocar a una reunión –que comienza mañana– para discutir los desafíos en el siglo XXI. Uno de los puntos que se afirma se aprobará será buscar interlocución con los candidatos presidenciales de PRI, PRD y PAN.

Por separado, organizaciones integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI) –que rechaza toda relación con partidos políticos– convocaron para el fin de semana a un Taller nacional de diálogo y reflexión sobre el impacto de las trasnacionales en regiones indígenas en México, subrayando la necesidad de articular las luchas de resistencia indígena ante la embestida del monstruo neoliberal representado por empresas y gobiernos cómplices para despojarlos de sus tierras, territorios, recursos naturales y patrimonio biocultural.

Los convocantes al taller son la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio y las autoridades municipales y agrarias del pueblo Ikoots (huave) de San Mateo del Mar, Oaxaca, que en semanas recientes, por rechazar la instalación de generadores eólicos de electricidad en sus tierras, sobre todo en la zona de Unión Hidalgo, han sido agredidos por trabajadores de trasnacionales, principalmente extranjeras.

Subrayan dichas organizaciones que en México se está violando la Constitución, los derechos humanos y de los pueblos originarios con retenes militares, policiacos y de migración que ya no permiten que haya paz en pueblos, comunidades, tribus y barrios.

Respecto a la reunión, el secretario de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, el priísta Héctor Pedraza, explicó que un punto a discutir es que el presupuesto para la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI)) en 2012 sólo recupera la inflación, con un incremento nominal y maquillado para salud en el rubro del Seguro Popular y para la Sedeso en el programa Oportunidades, en cuya ejecución se generan subejercicios hasta con cierta perversidad política pues ese dinero se va a fideicomisos que no son transparentes en su manejo y que se usan con tintes electorales. Detalló que se buscará que en la ejecución de proyectos en 126 municipios de más alta marginación –donde están asentados pueblos indígenas– no haya contraparte municipal y que el gasto sea erogado por el gobierno federal.

Saúl Vicente, el representante ante el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU, detalló que entre las propuestas para la representación política de los pueblos originarios está la creación de una circunscripción legislativa indígena.