omo si hicieran falta elementos de preocupación y zozobra para el campo mexicano, los entornos rurales del país se ven afectados en la hora presente por los efectos de una sequía completamente atípica desde el punto de vista meteorológico, que ha derivado en la pérdida de una quinta parte de la producción de maíz y se extiende por una vasta zona que va de Chihuahua a Querétaro.

Aunque las consecuencias de este fenómeno no se han expresado aún en toda su crudeza, es previsible que deriven en afectaciones graves para la población: significativamente, el daño ocurre con el telón de fondo de un incremento promedio de 15 por ciento en el precio de la tortilla durante el último año y es de suponer que, una vez que concluya la cosecha del pasado ciclo agrícola, esa alza se acentuará. Adicionalmente, el previsible aumento en las importaciones de maíz derivado de este fenómeno tiene como contexto un encarecimiento generalizado en los precios internacionales de los alimentos, los cuales, según la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, se mantendrán altos y volátiles.

En esta perspectiva, el anuncio formulado ayer por la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, de que se han identificado 120 mil hectáreas en el sur del territorio para que pequeños y medianos productores cultiven el grano, resulta tardío e insuficiente: tardío, porque medidas semejantes tendrían que haberse adoptado desde hace tiempo con la finalidad de procurar la autosuficiencia, disminuir las importaciones y reactivar la creación de reservas estratégicas que reduzcan la vulnerabilidad de la población ante escenarios como el presente; insuficiente, porque el apoyo a pequeños y medianos productores no debiera ser una política excepcional del Estado mexicano ni limitarse a franjas específicas del territorio rural.

Ahora bien, más allá de las obvias afectaciones que se desprenden de factores coyunturales, como las sequías y otros fenómenos climatológicos, y de la necesidad de emprender acciones para minimizar el daño por parte de las autoridades federales y estatales, la afectación y la volatilidad que acusan los precios de los alimentos demanda poner atención en la ausencia de un modelo de desarrollo agropecuario, lo que ha provocado una catástrofe social y humana en el campo, ha reducido severamente la producción y ha colocado a México en una alarmante circunstancia de dependencia alimentaria.

De 1988 a la fecha, el ciclo neoliberal en curso ha llevado al gobierno federal a desentenderse de la mayor parte de los productores agrícolas y ganaderos para beneficiar a un puñado de empresas agroexportadoras e importadoras de alimentos, y se ha permitido el deterioro de la producción de granos y de las reservas. Esto ha derivado en una situación de dependencia alimentaria de más de 50 por ciento, y si bien en el caso del maíz ese rango se mantiene en 33 por ciento, en el de otros granos, como el trigo y el arroz, se eleva a 55 y 72 por ciento, respectivamente.

Habida cuenta de que las autoridades no lo han hecho, la sociedad debe cobrar conciencia sobre la imperiosa necesidad de que el país disponga de una política alimentaria orientada a lograr el abasto del mercado interno y el control de los productos agropecuarios destinados al consumo humano. La persistencia en una política agraria elaborada en los centros financieros internacionales, caracterizada por la apertura indiscriminada de mercados agrícolas y de especialización de cultivos, puede resultar atractiva a corto plazo, pero tarde o temprano coloca a las naciones ante el riesgo de sufrir desabastos severos y, en última instancia, hambrunas. Para la viabilidad y la seguridad del país, estos temas no debieran ser vistos como menos importantes que el restablecimiento del estado de derecho y el combate a la delincuencia, porque una nación que no controla la calidad y la cantidad de los alimentos que produce y consume termina por colocarse en una situación de precariedad extrema.