l mediodía de ayer, en un tramo de la Autopista del Sol cercano a Chilpancingo, dos estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos, que participaban en un bloqueo carretero fueron asesinados a balazos por elementos policiales o parapoliciales, cuya adscripción no ha sido establecida. Lo que se sabe hasta ahora es que desde mediados de octubre ese plantel se encuentra acéfalo y que los cerca de 500 jóvenes inscritos en él no han tenido clases.
A finales del mes antepasado, el gobernador guerrerense Ángel Aguirre Rivero se comprometió con ellos a incrementar la matrícula escolar, a disminuir los promedios de ingreso y a otorgar plazas de docentes a los egresados de la generación 2012. Como no cumplió, el pasado 13 de noviembre los estudiantes realizaron un primer bloqueo, que fue rápidamente disuelto por la Policía Federal (PF).
Hace una semana, y ante la falta de respuesta de las autoridades, los estudiantes ocuparon momentáneamente varias radiodifusoras de la capital estatal. Ayer volvieron a bloquear la Autopista del Sol; contingentes de policías municipales, estatales y federales fueron enviados a desalojarlos.
Ni las autoridades de Guerrero ni las federales han sido capaces de informar de manera clara y puntual sobre lo ocurrido. Unas y otras incurren en contradicciones y desmienten que los disparos homicidas hayan procedido de sus respectivas fuerzas y prometen investigar lo sucedido.
Urge que así sea, que el esclarecimiento llegue hasta sus últimas consecuencias y que se castigue conforme a derecho a los autores materiales e intelectuales de los homicidios. Pero más allá de esto, este injustificable acto represivo muestra hasta qué punto se ha erosionado el respeto a la vida humana en el país, cuán amenazados se encuentran disidentes, opositores, activistas y manifestantes, y hasta dónde han llegado las autoridades en su abandono de las formas correctas de gobernar.
Si el gobierno local hubiese atendido –o cuando menos escuchado– las demandas estudiantiles, las protestas no habrían tenido lugar. Por otra parte, se ha afirmado que los estudiantes pretendieron incendiar una gasolinera en el curso de su protesta y que impidieron el tránsito en la autopista en la que tuvo lugar la refriega, circunstancias que, ciertamente, habrían ameritado el uso de la fuerza pública para desalojar a los manifestantes. Pero ésta debe recurrir a los numerosos recursos de disuasión no letales con los que cuenta, desde los escudos y toletes hasta los gases lacrimógenos y los chorros de agua a presión. En cambio, el uso de armas de fuego contra jóvenes que exigen montos adicionales para su presupuesto y mejores condiciones para la educación, retrata en forma descarnada a un poder que ha perdido el rumbo.
El asunto resulta doblemente exasperante si se considera que ese poder, en todos sus niveles y con todos sus recursos de fuerza, ha sido incapaz de poner un alto al sostenido deterioro de la seguridad pública y de la ilegalidad, y que el pregonado empeño contra la delincuencia organizada ha dado lugar a incontables atropellos contra la población.
Los gobernantes y la sociedad deben hacer conciencia sobre la intrínseca inmoralidad de un modelo que por un lado,genera profundos y extendidos descontentos sociales y que, acto seguido, pretende suprimirlos mediante el abuso de la fuerza. Ese camino desemboca, a la larga, en la desintegración nacional.
