l titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, anunció ayer nuevos movimientos en su gabinete: las renuncias de Javier Lozano Alarcón a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), de Salvador Vega Casillas a la Secretaría de la Función Pública (SPF) y de Roberto Gil Zuarth al cargo de secretario particular del propio Calderón, así como el remplazo de éstos por Rosalinda Vélez, Rafael Morgan y Tarcisio Rodríguez, respectivamente.

Llama la atención que las salidas de los dos primeros se hayan producido hasta ahora y que se atribuyan a la intención de competir por puestos de elección popular en los comicios del año entrante, cuando su permanencia en el gabinete presidencial venía siendo cuestionada desde hace tiempo como consecuencia de desempeños negativos en sus respectivos ámbitos de acción.

En el caso de Lozano Alarcón, su gestión al frente de la STPS estuvo caracterizada no sólo por el refrendo de alianzas con las estructuras corporativas y antidemocráticas del viejo priísmo, sino también por la profundización del hostigamiento gubernamental contra expresiones del sindicalismo independiente y crítico del régimen.

Desde los primeros meses de su gestión, el ahora ex titular de la STPS dio continuidad a la persecución emprendida en el sexenio foxista contra el sindicato minero y su dirigente, Napoleón Gómez Urrutia, y, en ese contexto, se involucró en la represión de la huelga que varias secciones de ese gremio iniciaron, desde julio de 2007, en diversos yacimientos mineros, incluido el de Cananea, Sonora.

La cruzada antisindical del calderonismo, en la que Lozano fue figura protagónica, se amplió además a otros sectores, como pudo verse en el conflicto creado por el gobierno federal con el Sindicato Mexicano de Electricistas, a raíz del desconocimiento de la dirigencia de ese gremio y de la posterior extinción –por decreto presidencial– de Luz y Fuerza del Centro, en octubre de 2009: en uno y otro casos, lejos de hacer valer su papel de conciliador y de garante del equilbrio entre los factores de la producción, Lozano Alarcón actuó en forma beligerante y parcial en favor de los intereses patronales y en perjuicio de las organizaciones de trabajadores, y gravitó, de esa forma, como elemento de tensión y encono en ambos conflictos.

A lo anterior debe agregarse el lamentable desempeño del ex funcionario en el conflicto de la Compañía Mexicana de Aviación, en la que Lozano fue omiso, por decir lo menos, en su tarea de preservar la planta laboral.

Por lo demás, y a pesar de las cifras alegres manejadas por el discurso oficial, en el periodo en que Lozano se mantuvo al frente de la STPS, el desempleo se incrementó en más de 70 por ciento, lo cual, sumado a la pérdida de más de 6 millones de puestos de trabajo durante el gobierno foxista, configura un escenario de catástrofe para los trabajadores en el México de 2011.

En materia salarial la situación no fue mejor: apenas el pasado fin de semana, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos aprobó un aumento de poco más de dos pesos a las percepciones, que fue saludado y celebrado por Lozano, pero que resulta insuficiente para remontar la pérdida real del poder adquisitivo del salario –alrededor de 50 por ciento– en el presente ciclo de gobierno.

En cuanto a la gestión de Vega Casillas al frente de la SFP, se caracterizó por la continuidad de la corrupción, la opacidad y la impunidad en las oficinas públicas y por la incapacidad de las autoridades correspondientes para combatirlas. Para no ir más lejos, cabe recordar la decisión, anunciada el pasado lunes, de destituir e inhabilitar a tres funcionarios de la empresa paraestatal III Servicios –subsidiaria de Petróleos Mexicanos–, por irregularidades detectadas en la construcción de la Estela de Luz del Bicentenario: sin negar la responsabilidad de estos funcionarios en presumibles faltas administrativas, la determinación es cuestionable por cuanto excluye de sanciones a servidores públicos de otras dependencias y organismos involucrados en la realización del citado monumento –entre las que se encuentran las secretarías de Hacienda y Educación Pública, además de la propia SPF– y porque parece orientada, más que al esclarecimiento, a la presentación de chivos expiatorios.

Desde una perspectiva más general, con las modificaciones anunciadas ayer, el gabinete calderonista supera ya la veintena de relevos en sus filas y cabe preguntarse sobre qué bases y con qué perspectivas de éxito puede operar un equipo de gobierno que ha experimentado semejante cantidad de cambios. Lo cierto es que la constante movilidad en el gabinete de alguna manera ha incidido en los malos resultados de la actual administración en prácticamente todos los ámbitos.