Organizaciones campesinas confiaron en que las observaciones realizadas por el Ejecutivo al decreto para integrar el fondo por 10 mil millones de pesos para atender los daños ocasionados por los fenómenos climáticos no retrasen ni afecten la pronta canalización de esos recursos, puesto que la situación por la sequía, particularmente en 20 estados del país, es de emergencia.

En cuanto a las observaciones que hizo a la Ley General de Economía Social y Solidaria, resaltaron que esa legislación debe ser replanteada, porque, además de que no cuenta con el consenso de los productores, pretende ser un control gubernamental sobre las agrupaciones y podría utilizarse, sobre todo en un año electoral, de manera discrecional.

Raúl Pérez Bedolla, secretario de organización de la Alianza Campesina del Noroeste, expresó en entrevista que ojalá que las observaciones que el Ejecutivo hizo al decreto del fondo aprobado por los diputados el pasado 15 de diciembre no retrase su entrega ni signifiquen su reducción o freno.

Asimismo insistió en que más que recursos emergentes lo que se requiere es una reingeniería en los programas del agro, un cambio en las políticas agrarias, pues la perspectiva es que los fenómenos derivados del cambio climático sean una constante, por lo que además se deberían emprender cambios en los patrones de cultivo y en el hato ganadero.

Precisó que ante la falta de agua en las regiones áridas se debería privilegiar la crianza de, por ejemplo, chivas y cabras y no sólo empeñarse en el ganado bovino mayor y, en el caso de los cultivos, no optar por aquellos que son demandantes de agua. Hay cultivos que con una lluvia quedan, pero si con frijol o maíz hay malos temporales, el costo es altísimo.

José Luis González Aguilera, coordinador del Congreso Agrario Permanente (CAP ) y líder de la Unión General de Obreros y Campesinos de México Jacinto López (UGOCM), señaló que los recursos del fondo deben fluir lo más pronto posible y debe hacerse un buen padrón para que los beneficiarios sean los productores que han sido afectados y no se quieran colgar otros.

Sobre la Ley de Economía Social confió en que el Ejecutivo haya hecho observaciones “que sean para bien de las organizaciones, porque no estamos de acuerdo con esa legislación, pues interfiere con la vida de las agrupaciones y quiere ejercer control. En ello coincidió Pérez Bedolla.

A principios de este mes la Central Campesina Cardenista (CCC) y la Unión Nacional Integradora de Organizaciones Solidarias y Economía Social expresaron por separado su rechazo a dicha ley y pidieron al presidente Felipe Calderón que la vetara.

Los argumentos fueron que es regresiva y autoritaria, ya que pretende ejercer control sobre las organizaciones campesinas y propicia las prácticas clientelares del pasado. Pero también estiman que puede convertirse en un obstáculo para acceder a apoyos, al permitir que sean escatimados o condicionados.

Max Correa, líder de la CCC, dijo que aunque no estamos en contra de una economía solidaria, nos oponemos a que se reviva un espíritu que ya habíamos rebasado en otras leyes, que es el control y la intromisión en asuntos internos de las organizaciones sociales.