a alarma –no suficientemente justificada– acerca de la violencia en nuestras escuelas (el comportamiento mal llamado bullying) ha conducido a la Secretaría de Educación Pública a elaborar un Marco para la Convivencia Escolar en las Escuelas de Educación Secundaria del Distrito Federal. Este marco, según anuncio de la propia SEP, se extenderá a toda la República. El documento, con carácter de norma, pretende dar especificidad a disposiciones establecidas hace 30 años en los acuerdos 97 y 98 del secretario Fernando Solana y atiende a lo dispuesto en la ley para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes (expedida hace 20 años) en el sentido de que se impida en las instituciones educativas la imposición de medidas de disciplina que no estén previamente establecidas, sean contrarias a su dignidad, atenten contra su vida o su integridad física o mental.

La SEP invita a discutir este instrumento, a opinar, pero al mismo tiempo inicia su aplicación. No es fácil juzgar este marco para la convivencia, pues no lo acompañan ni un análisis de la situación actual, ni información, ni un diagnóstico; no hay argumentación acerca de por qué después de tanto tiempo ahora se decide imponer un catálogo de conductas punibles y las correspondientes sanciones. Las conductas ahora definidas como punibles son de diverso tipo y gravedad: desde no asistir a la escuela o llegar tarde, o el uso de vestimenta inadecuada, hasta delitos como el uso de armas blancas o de fuego, pasando por el consumo y venta de drogas; en las medidas disciplinarias se han incluido muchas que ni siquiera son sanciones (pláticas, exhortos, reuniones), sino acciones educativas útiles, pero que pierden este sentido al incorporarlas en el apartado de sanciones. Otras, son inaceptables, erróneas desde un punto de vista pedagógico y legal, como por ejemplo, la ¡imposición de servicio comunitario! o la asistencia a determinados cursos. Falta de claridad en algunos casos, confusiones en otros, hacen necesario un análisis muy cuidadoso y responsable de esta iniciativa. El documento está muy lejos de alcanzar la precisión que se propone ni de dar la certidumbre prometida.

Pero el análisis debe ir a fondo pues, por la debilidad de sus bases conceptuales y pedagógicas, este marco de convivencia genera un proyecto de escuela opuesto a la educación democrática, humanista y moderna necesaria en estos tiempos. No deja de llamar la atención que un inaceptable enfoque correctivo, punitivo, con elementos represivos, no haya sido por lo menos precedido (o acompañado) de un proyecto de acciones preventivas y positivas para el logro de los fines incuestionables que se dice lo han originado: la seguridad de los escolares, la creación de un ambiente propicio para el aprendizaje efectivo y la convivencia pacífica.

Sin duda, la pavorosa violencia que padece nuestro país ha sido un impulso para esta acción de la SEP, pero es indispensable un diagnóstico claro de lo que ocurre en el ámbito escolar y una reflexión seria, sistemática, acerca de las causas de estos graves fenómenos. Es indispensable hacer un esfuerzo mayor por entender la violencia que, con razón, angustia a muchos mexicanos; y debe quedar claro que este esfuerzo por entenderla no significa justificarla, es condición primera para actuar de manera responsable. La violencia en el ámbito escolar, como en otros, no tiene como causa una maldad innata de los violentos: es una reacción ante diversas circunstancias que deben ser desterradas para poder eliminar, o por lo menos atenuar, este problema.

Quienes se comprometen con la educación de los niños y los jóvenes deben, al margen de las eternas discusiones teóricas sobre la naturaleza humana, profesar un incondicional optimismo acerca del potencial intelectual de todos los seres humanos y de su capacidad para desarrollar afectividad, bondad, sentimientos nobles y actitudes civilizadas y fraternas. De lo contrario, los educadores se convierten en policías y hacen efectiva la otra función que las sociedades represivas han asignado a las escuelas: cuidar, vigilar y castigar. Aquí bien cabe lo expresado por Winston Churchill: Soy optimista. No parece muy útil ser otra cosa.

Intentar eliminar la violencia escolar con medidas punitivas no es sólo una política destinada a fracasar, es previsible que conduzca a un incremento del problema. La violencia escolar tiene causas externas e internas. Sin duda, las escuelas no tienen capacidad para desterrar pronta y eficazmente las causas externas (aun cuando esto no quiere decir que nada puedan hacer al respecto), pero sí deben actuar de manera inmediata y seria para eliminar las causas internas.

En primer lugar, es inaplazable remplazar las omnipresentes rivalidades y competencias en el ámbito escolar e instaurar como principio de relación la cooperación. Ya hemos hecho ver en este espacio que estudios empíricos cuidadosos han mostrado que la competencia, así sea en juegos en apariencia inofensivos o incluso pretendidamente educativos, genera actitudes agresivas; esto ocurre también, y con mayor fuerza, con competencias cuyos resultados significan pérdida de un bien, de imagen, prestigio, poder o de algún derecho.

Para niños y jóvenes, el ambiente escolar es, con mucha frecuencia, agresivo. En el aula y en la conducción de la escuela son constantes la irracionalidad, la arbitrariedad, el autoritarismo; esta es violencia que genera violencia. Es inaplazable propiciar el remplazo de estas formas de sometimiento por el predominio de la razón, por el respeto a los derechos de los demás, por una ética humanista.

La Secretaría de Educación Pública debe suspender la aplicación de este marco que, por la ausencia de argumentación, parece un violento manotazo sobre la mesa; es necesario convocar a la mayor brevedad a una amplia discusión del problema y poner en marcha un programa de investigaciones sobre estos temas. De manera prioritaria, deberían organizarse ya en las escuelas espacios de discusión en los que participen todos: directivos, maestros, auxiliares y, en primerísimo lugar, los estudiantes.