ras revisar un recurso interpuesto por el Partido Acción Nacional (PAN), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anuló ayer los comicios para presidente municipal de Morelia, Michoacán, celebrada el pasado 13 de noviembre. El tribunal federal concluyó que el aspirante ganador, el priísta Wilfrido Lázaro Medina, violó las normas que garantizan la equidad entre los participantes en la contienda, al aparecer en televisión durante el cierre de campaña del aspirante de los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista a gobernador de la entidad, Fausto Vallejo.

Resulta por lo menos dudosa la afirmación del ex candidato panista a edil de Morelia, Marko Cortés, de que el fallo adoptado ayer por el máximo órgano de justicia electoral blinda la democracia: cabe recordar que ese mismo organismo, que ahora declara inválidos los comicios en Morelia y ordena su reposición, se resistió a hacer otro tanto durante la calificación de la polémica elección presidencial de 2006, a pesar de que sus integrantes admitieron la presencia de irregularidades graves en favor del candidato oficial y reconocieron que el gobierno de Vicente Fox puso en riesgo la validez de esos comicios.

Frente a la falta de consistencia y el doble rasero que se observa en los fallos del tribunal ante circunstancias similares, la decisión adoptada ayer pareciera, más que una muestra de fortaleza democrática, un claro ejemplo de la tendencia actual de partidos y candidatos a llevar al terreno de la disputa judicial decisiones que tendrían que definirse por medio de las urnas. Otras muestras de que se busca judicializar los procesos electorales son los anuncios, formulados ayer por el propio PAN, de que se buscará la anulación de la elección a gobernador en Michoacán, y de que se acudirá a los tribunales para denunciar al precandidato de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, por presuntos actos anticipados de campaña. Semejante tendencia no es positiva para la de por sí menguada credibilidad de las instituciones electorales en general, y del TEPJF en particular; por el contrario, en el caso de este último, la decisión de ayer alimenta una percepción de parcialidad en favor del partido gobernante.

Por lo demás, el ordenamiento del TEPJF de reponer los comicios municipales en un plazo no mayor a 150 días, no garantiza que las mismas irregularidades que se detectaron en meses y semanas previos a la jornada comicial del 13 de noviembre no vayan a repetirse durante el nuevo proceso. Esa consideración obliga a recordar que, además de tribunales que califiquen elecciones y, en su caso, decidan anularlas, se requieren autoridades electorales que garanticen procesos confiables y aseados: en el caso de Morelia, y en muchos otros, esto último habría debido expresarse con una intervención oportuna del instituto estatal electoral, y con las correspondientes sanciones a los responsables de acciones contrarias a la ley.

En un escenario de normalidad democrática, lo deseable y plausible es que las inconformidades de los bandos que disputan cargos de elección popular puedan ser resueltas en un contexto institucional confiable, que permita esclarecer, sin margen de duda y en plena armonía social, a los ganadores y a los perdedores de los comicios, o bien determinar la validez o invalidez de éstos. Sin embargo, en el México de 2011, la tendencia a recurrir a los tribunales abona al sentir ciudadano de que la solución de los conflictos poselectorales dependerá, en última instancia, de favoritismos, regateos y enjuagues de pasillo que habrán de realizarse de espaldas a la sociedad y al margen del veredicto de la voluntad popular.