i en política la forma es fondo, la solicitud de inmunidad presentada ayer por la defensa del ex presidente Ernesto Zedillo ante una corte de distrito en Connecticut –donde enfrenta una demanda civil por la masacre de Acteal, ocurrida en diciembre de 1997– muestra el interés del actual profesor de Yale por desactivar las acusaciones en su contra al recurrir a limitaciones institucionales de los tribunales estadunidenses, no mediante un claro deslinde de su responsabilidad en el referido crimen.

Es posible, sin embargo, que semejante estrategia no resulte del todo inconveniente para los intereses del ex mandatario. El alegato de los abogados de Zedillo tiene como precedente la declaración de interés, emitida por el gobierno de Washington en marzo del año pasado, con respecto a la pretensión de llamar a testificar a Álvaro Uribe, ex presidente de Colombia, por los presuntos vínculos entre su gobierno y grupos paramilitares del país andino. A petición del gobierno actual de Bogotá, la administración de Barack Obama sugirió que el ex mandatario colombiano gozaba de inmunidad judicial en Estados Unidos, habida cuenta de que los señalamientos en su contra se referían a actos cometidos en su desempeño oficial como miembro de un gobierno.

En primer término, es significativo que los abogados de Zedillo utilicen, como parte central de su argumentación, un alegato similar al que sustenta la defensa del ex mandatario colombiano, quien es acusado de encabezar una presidencia delictiva en el ámbito nacional e internacional –recuérdese, por ejemplo, la incursión ilegal de las fuerzas colombianas en Sucumbíos, Ecuador, en marzo de 2008– y cuyos vínculos con el narcotráfico y con los paramilitares están ampliamente documentados.

Por otra parte, sería erróneo inferir, a partir de lo sucedido con Uribe, que la solicitud de inmunidad presentada por la defensa de Zedillo vaya a ser respondida en forma favorable, pues uno y otro casos revisten, pese a sus similitudes, una diferencia fundamental: en el primero, la solicitud de inmunidad estuvo respaldada por el actual gobierno colombiano; en el segundo, en cambio, ha quedado de manifiesto que el ex mandatario mexicano se ha vuelto figura indefendible e indeseable en muchos ámbitos, incluido el de la política de nuestro país. Con todo, los intereses empresariales y políticos estadunidenses, a cuya defensa se dedicó el propio Zedillo durante su mandato, así como la cercanía entre el ex mandatario y el gobierno entonces encabezado por William Clinton –cuya cónyuge se desempeña actualmente como secretaria de Estado– hacen aventurado descartar que Ernesto Zedillo pueda verse favorecido, al igual que Uribe, por una intercesión de la Casa Blanca ante el Poder Judicial de Estados Unidos.

Mucho más insostenibles son los señalamientos de la defensa del ex presidente de que las acusaciones en su contra por la masacre de Acteal carecen de fundamento y de que el hoy acusado heredó el conflicto en Chiapas del gobierno anterior. La responsabilidad de su gobierno en los hechos referidos está debidamente documentada no sólo en el informe de la Fiscalía Especializada de Chiapas para la Investigación del caso Acteal, difundido en octubre pasado, sino también en documentos oficiales desclasificados por la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos, en los que se asienta que el Ejército Mexicano dio apoyo directo a paramilitares en Chiapas como parte de la estrategia contrainsurgente contra las bases zapatistas, y que aquellas agrupaciones armadas estaban bajo la supervisión de la inteligencia mexicana durante las fechas en que se perpetró la matanza en Acteal, cuando Zedillo detentaba ya la titularidad del Ejecutivo federal y el cargo de comandante supremo de las fuerzas armadas.

El actual académico de Yale tiene, pues, una responsabilidad insoslayable por crímenes de Estado que no ha sido cabalmente deslindada, y que amerita ser investigada en el contexto de la demanda civil en la corte de Connecticut y en otras instancias. La solicitud de inmunidad para Ernesto Zedillo, en cambio, más que reivindicar la pretendida inocencia del ex presidente, abona a la percepción generalizada sobre su culpabilidad.