Morelia, Mich., 13 de enero. A 30 días de que concluya la administración estatal, más de 20 mil integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y del Frente Estatal de Sindicatos de Educación Media Superior y Superior (Fesemss), marcharon por esta ciudad para exigir a la Federación más recursos y al gobierno de la entidad cumplir los acuerdos relacionados con el pago de prestaciones y la autorización de nuevas plazas.

Desde temprano, cientos de manifestantes se apostaron afuera de las oficinas de la delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste). Otros se concentraron frente a la de casa de gobierno, residencia del mandatario perredista Leonel Godoy.

Algunos contingentes partieron de la salida al municipio de Salamanca, Guanajuato. A las 11 horas los inconformes ya habían bloqueado el libramiento y avenidas principales como Juárez y Madero, lo que provocó un severo casos vial.

Más de un millón de estudiantes (80 por ciento de los alumnos de educación básica y media superior, no tuvieron clases. No obstante, a pesar de que un grupo del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana (Sueum) participó en la protesta, la universidad nicolaíta no paró labores.

El 6 de enero, el Fesemss, que aglutina a sindicatos del Colegio de Bachilleres, Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica y del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán, entre otras instituciones educativas, realizó un paro de brazos caídos para exigir a las autoridades estatales incremento salarial, mejoras a la infraestructura educativa, plazas y mejora en las prestaciones.

Este viernes, el dirigente estatal de la CNTE, Jorge Cázares Torres, dijo que el gobierno michoacano no ha cumplido con 40 por ciento de la minuta firmada con el gremio a mediados de 2011.

Entre los acuerdos incumplidos están el pago al personal de reciente contratación, apoyos para el transporte, despensas, autorización de plazas, mejora en la infraestructura educativa, así como una partida especial para los alumnos que viven en situación de pobreza.

Algunos líderes regionales del llamado magisterio democrático manifestaron que lamentan la difícil situación financiera por los recortes federales aplicados al gobierno del estado, pero los trabajadores no deben pagar las consecuencias del conflicto entre estos dos órdenes de gobierno.

El 9 de enero se instalaron varias mesas de negociación entre autoridades educativas y del gobierno con los dirigentes del sector educativo inconforme; hasta el jueves se reportaron algunos avances de carácter político y administrativo.

Sin embargo, en lo relativo a las demandas torales de los integrantes de la CNTE no ha habido acuerdos, debido a que con los recortes presupuestales que la Federación aplicó al gobierno de Leonel Godoy Rangel, de más de 2 mil millones de pesos, no hay recursos para atender dichas peticiones.

La administración estatal ha insistido en que hay exigencias de pago a personas de reciente ingreso a la Secretaría de Educación Pública del Estado que no fueron contratadas por esa dependencia.

Han dicho también que en lo posible han cumplido con la mejora salarial y de prestaciones a los trabajadores de la educación, pero en estos momentos es prácticamente imposible satisfacer las demandas.

Desde hace dos meses la administración perredista ha tenido serias dificultades incluso para pagar la nómina, tanto a empleados como a los servidores públicos de los tres poderes de la entidad.

Cázares Torres aseguró que exigirá al gobierno federal la entrega de recursos pendientes a la administración estatal, pues, dijo, el conflicto ha afectado a miles de trabajadores, y no sólo a los del sector educativo. No obstante, el dirigente de la CNTE enfatizó que el gobierno del estado tiene que hacer frente a sus compromisos.

Hasta el cierre de la edición los delegados sindicales seguían reunidos con funcionarios estatales. Sin embargo, según los propios funcionarios, desde hace meses el gobierno de Michoacán vive una crisis financiera, por lo que se han paralizado obras en varios municipios, y a 30 días de que concluya la gestión de Leonel Godoy no hay recursos suficientes para el pago de nómina.