más de un mes del violento desalojo de integrantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en la Autopista del Sol, a las afueras de Chilpancingo, Guerrero, que se saldó con la muerte de dos estudiantes –Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús– y con varios heridos, los resultados de peritajes llevados a cabo ayer en la escena de los hechos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) confirmaron la presunción –establecida en el informe preliminar presentado por ese organismo el pasado lunes– de que los disparos que terminaron con la vida de los normalistas provinieron de agentes de la policía ministerial guerrerense. Del mismo modo, los citados peritajes confirmaron que en la acción policial del pasado 12 de diciembre no se siguió protocolo alguno en materia de disolución de manifestaciones, que la balacera sobre los estudiantes fue indiscriminada y que los asesinos de Gabriel y Jorge Alexis tiraron a matar.
A reserva de esperar la versión final del documento del ombudsman nacional, la información difundida permite concluir con claridad que en los trágicos acontecimientos, integrantes del gobierno que encabeza Ángel Aguirre incurrieron en responsabilidades de tipo penal que deben ser sancionadas conforme a derecho. Por desgracia, la violencia criminal ejercida contra los manifestantes ha sido complementada con un manejo impresentable de los hechos por parte de la administración estatal, que ha obstaculizado la acción de la justicia y ha mermado las perspectivas de esclarecimiento: desde un principio las autoridades estatales se negaron a reconocer la responsabilidad de los disparos –pese a la evidencia gráfica que muestra a presuntos policías estatales vestidos de civil disparando contra los manifestantes–; buscaron desvirtuar los hechos mediante la siembra de una arma a uno de los estudiantes –el cual, según el informe de la CNDH, fue torturado–, y señalaron a efectivos de la Policía Federal (PF) como autores de los disparos contra los manifestantes.
En días recientes, por añadidura, el ex procurador de justicia de la entidad Alberto López Rosas ha intentado desvirtuar el expediente de la CNDH y ha acusado al organismo de proteger al personal de la PF. Ahora, sin embargo, a la luz de la evidencia disponible, lo procedente sería que ese y otros funcionarios y ex funcionarios del gobierno estatal enfrenten las acciones judiciales a que dé lugar el atropello cometido contra los normalistas de Ayotzinapa. Por su parte, el titular del Ejecutivo estatal tendría que asumir cuando menos una responsabilidad de tipo político por el turbio accionar de su administración durante el episodio.
Ahora bien, aunque la investigación de la CNDH se encamine a determinar que los disparos provinieron de los agentes ministeriales, ello no exime a la Policía Federal de responsabilidad en estos hechos: al fin de cuentas, esa corporación tiene, entre otras funciones, la de vigilar el tramo carretero en que ocurrió la referida tragedia; en consecuencia, si sus efectivos no realizaron los disparos que privaron de la vida a los dos estudiantes e hirieron a varios más, cabe atribuirles, al menos, responsabilidad por omisión, pues habrían debido evitar las agresiones letales contra los manifestantes.
El documento de la CNDH podrá ayudar a esclarecer y deslindar responsabilidades sobre quién disparó contra los estudiantes, pero el hecho de que esas muertes hayan tenido lugar en el contexto de una protesta estudiantil arroja luz a una circunstancia más de fondo y preocupante: la persistencia en la criminalización de las inconformidades sociales que aumentan en el territorio nacional, lo cual, aunado a la indolencia de las autoridades de todos los niveles para atender demandas de sectores inconformes, configura una mezcla explosiva y, como puede verse, incluso mortal.
En lo inmediato, cabe demandar que los resultados de la investigación realizada por la CNDH, una vez presentados en su versión final o incluso antes, tengan eco en las instancias de procuración e impartición de justicia correspondientes, para que se sancione a los responsables y se repare el daño a las familias de las víctimas. Pero desde una perspectiva más general, situaciones como la ocurrida en la Autopista del Sol el pasado 12 de diciembre podrán repetirse en la medida en que los gobiernos de los distintos niveles sigan incumpliendo con dos responsabilidades elementales: atender y dar cauce a las demandas de la población y preservar –en todo momento, pero particularmente en circunstancias como la referida– la vida y la integridad de las personas.
