n la medida que se acerca la cita de la ciudadanía con las urnas del próximo primero de julio, y en el contexto de la veda impuesta por el Instituto Federal Electoral correspondiente al llamado periodo de intercampañas, los pronunciamientos partidistas se internan por el terreno lodoso de la descalificación y la guerra sucia. Las declaraciones formuladas ayer por el presidente nacional del PAN, Gustavo Madero, parecieran inscribirse en este telón de fondo: en entrevista radiofónica, el dirigente blanquiazul insistió en denunciar la intromisión del crimen organizado en los comicios estatales de Michoacán, realizados en noviembre pasado; insinuó que los cárteles de la droga favorecen a los rojos
–en alusión a los priístas–, sostuvo que el narco amenazó a los aspirantes del PAN a diversos puestos de elección popular y cuestionó a las autoridades electorales estatales y federales por haber validado los comicios para gobernador en esa entidad.
En respuesta, el vocero del tricolor, Eduardo Sánchez, dijo que el crimen organizado atacó y amedrentó a aspirantes de todos los partidos en Michoacán, y acusó al líder panista de manosear las instituciones
con fines político-electorales. Desde días atrás, la dirigencia nacional del PRI ha venido señalando que el reciente relevo en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales se debió a que el anterior titular de esa dependencia, José Luis Vargas Valdés, dio por buenos los comicios en la entidad natal de Felipe Calderón, en los que resultó vencedor el priísta Fausto Vallejo.
Pero las arenas judicial y electoral no son las únicas en que se desarrolla la guerra de lodo entre el PRI y el PAN. Otro tanto ocurre en el terreno de la fiscalización de los recursos públicos: ayer la fracción parlamentaria del tricolor en San Lázaro acusó al gobierno federal de concentrar, por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, recursos por 330 mil millones de pesos, que presuntamente serán manejados a discreción por la administración federal; en días recientes, el cúmulo de irregularidades halladas en la revisión de la Cuenta Pública 2010, realizada por la Auditoría Superior de la Federación, ha sido calificado por el priísmo nacional como sinónimo del despilfarro
y de la corrupción
de las presidencias panistas.
Las cada vez más recurrentes acusaciones entre los partidos que hasta hace no mucho ejercían una especie de cogobierno en el país prefiguran un empeño de ambos por intoxicar a los ciudadanos y por generar animadversión entre éstos hacia el respectivo rival político, de cara a los comicios de julio entrante. Sería improcedente –y además es imposible– desacreditar de antemano todas esas acusaciones, en la medida en que pueden aportar elementos valiosos de información a la ciudadanía, y porque ponen en perspectiva algunos de los vicios y rasgos inveterados en el ejercicio del poder, como la discrecionalidad y la opacidad con que se conducen los recursos públicos o la sospecha siempre latente de una colusión entre las autoridades y los estamentos delictivos.
Pero ese efecto colateral, por positivo que resulte, no alcanza para legitimar las campañas sucias, cuyo objetivo no es el esclarecimiento y la fiscalización del poder público, sino el golpeteo político, y cuyos efectos perjudiciales para la vida republicana son harto conocidos: tienden a igualar en un amasijo repulsivo, a ojos de la población, a los distintos grupos de la clase política; alimentan la desconfianza generalizada hacia representantes populares, aspirantes y partidos y, más que estimular el voto ciudadano, generan apatía y falta de interés de los electores y profundizan la brecha existente entre éstos y sus gobernantes.
En tal circunstancia, corresponderá a la ciudadanía no dejarse contaminar por estos ataques, asimilar críticamente los elementos de juicio que éstos puedan aportarle, mantener una postura ecuánime y reflexiva frente a ellos, y evitar, en esa medida, que la degradación que se observa en la clase política invada todos los ámbitos de la vida pública.
