En vísperas de que se cumplan seis años de la explosión en la mina Pasta de Conchos, en Coahuila –el 19 de febrero de 2006–, defensores de derechos humanos exigieron poner fin a la impunidad que ha prevalecido en torno a este accidente, en el que fallecieron 65 mineros.

En conferencia de prensa, representantes de la Organización Familia Pasta de Conchos, del Equipo Nacional de Pastoral Laboral y de los centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) y de Derechos Humanos Miguel Agustín pro Juárez, presentaron el sexto informe sobre la tragedia, denominado Siglo XXI: el martirio en las minas de carbón.

Llamaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a que admita el caso Pasta de Conchos, el cual interpusieron ante el organismo hace dos años, a fin de que empiece un litigio contra el Estado mexicano.

También pidieron a los senadores que integran las comisiones unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos el inmediato análisis y dictamen correspondiente para que se cree la comisión nacional reguladora de la industria del carbón, y los llamaron a ratificar los convenios 176 y 152 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Asimismo, pidieron a los militantes del PAN “no favorecer la llegada al Senado de Francisco Xavier Salazar Sáenz y de Javier Lozano Alarcón, ex secretarios del Trabajo implicados en la impunidad prevaleciente en el caso Pasta de Conchos, por carecer de estatura moral para ocupar un escaño.

Jesús Peña, representante adjunto de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en México, se unió al llamado hecho al Estado mexicano para que ponga fin a la impunidad que ha caracterizado este caso. Añadió que en la minería que se desarrolla en el país, particularmente en la de pequeña escala, continuamente se violan las normas laborales internacionales referentes a seguridad e higiene.

Destacó que la impunidad y el silencio sólo abonan al incremento del enojo, la desesperanza y la incertidumbre. No obstante, tras expresar su solidaridad con las víctimas y los familiares de todos los mineros que han perecido en los socavones de la zona carbonífera, dijo que la oficina del Alto Comisionado siente optimismo por los avances que puedan lograrse tras la reforma en derechos humanos concretada recientemente.

José Rosario Marroquín, director del Centro Pro, insistió en que en el caso Pasta de Conchos “hay responsabilidad del Estado mexicano, al incurrir en complicidades y omisiones, mismas que han impedido hacer justicia y el rescate de los 63 cuerpos que siguen sepultados en el yacimiento.

El sacerdote jesuita resaltó que las irregularidades encontradas en las inspecciones laborales al socavón no se corrigieron, se hicieron declaraciones absurdas sobre la posibilidad de realizar el rescate y las indemnizaciones no han solventado lo ocurrido. Criticó que aunque el gobierno que tiene la obligación de poner todo lo que está a su alcance para generar un entorno seguro en las minas, no lo ha hecho.

Por eso, los decesos han continuado, refirió Carlos Rodríguez, del Cereal, quien señaló que desde 2006 han muerto 113 mineros en yacimientos de carbón; 65 en Pasta de Conchos y 67 en pocitos, tajos, minas subterráneas y plantas de beneficio y de transporte de mineral.

El informe consigna que en 2006 murieron 77 mineros; en 2007, tres; en 2008, uno; en 2009 ocho y el año pasado, 30.

María Trinidad Cantú, madre de uno de los trabajadores fallecidos en Pasta de Conchos, lamentó que en los dos sexenios panistas no haya habido justicia para los deudos y llamó al presidente Felipe Calderón a cambiar esa situación, aunque sea en las postrimerías de su sexenio.