Riñas, motines, fugas masivas, rescates, ejecuciones por pugnas entre grupos rivales y suicidios son cada vez más frecuentes en las cárceles del país, evidenciando el control del crimen organizado aun entre rejas y las redes de corrupción en el sistema penitenciario mexicano.

Están los casos peliculescos, como el de Joaquín El Chapo Guzmán, quien se les escapó de Puente Grande –a Vicente Fox y sus funcionarios carcelarios– supuestamente dentro de un carrito de lavandería en 2001. Pero también aquellos de récord guinness, como los 151 internos de la penitenciaria de Nuevo Laredo, la mayoría procesados por delitos contra la salud, que se fueron por la puerta principal con todo y el director del penal en diciembre de 2010. En esa ocasión fue al gobernador Eugenio Hernández Flores a quien correspondió verlos partir. El ex mandatario tamaulipeco ya había vivido episodios similares: tres meses antes, el 18 de septiembre, se le habían fugado 141 internos de ese mismo penal y siete días antes, el 11 de septiembre, 89 delincuentes procesados de la cárcel de Reynosa se fueron sin contratiempos.

Una madrugada de mayo de 2009, el sábado 16 para ser precisos, Zacatecas y su penal de Cieneguillas fueron escenario de un operativo perfectamente planeado: un grupo de aproximadamente 30 hombres, a bordo de 18 automóviles y camionetas clonadas como patrullas de la Policía Federal, ingresó al penal, sometió a los custodios y liberó a 53 reos pertenecientes al cártel de los Zetas. Todo sin hacer un solo disparo. Las fugas de los penales en México no son a sangre y fuego.

Gran escándalo

Durante la maniobra de escape, que duró apenas cinco minutos, un helicóptero sobrevoló el penal de Cieneguillas en apoyo a los pistoleros. El escándalo fue grande entre la sociedad zacatecana porque en su huida los 53 reos y sus cómplices formaron un convoy que cruzó literalmente el centro de la capital del estado; pasaron frente a la sede de la Policía Federal, a la vista de la Procuraduría General de Justicia del estado, luego frente a la policía ministerial del estado y finalmente a espaldas de la decimoprimera zona militar, y nadie les dijo algo a lo largo de 15 kilómetros de bulevares. Viajaron hasta San Luis Potosí, donde se refugiaron durante una semana, antes de dispersarse por el centro del país. Eran los años de la gobernadora perredista Amalia García.

El caso más reciente, la fuga de 30 zetas de Apodaca, Nuevo León, tuvo como telón de fondo la masacre de 44 presos del cártel del Golfo, lo que hizo que las autoridades penitenciarias se entretuvieran y les llevara casi 20 horas dar la alerta de fuga. Se habló en principio de un motín como la causa de las muertes. Después las autoridades reconocieron que los mismos custodios abrieron las puertas necesarias para que los zetas del penal se lanzaran sobre sus enemigos del cártel.

En otros penales también se han dado casos de ejecuciones que en principio son presentadas como motines. El 26 de julio de 2011, 17 reos murieron en el penal de Ciudad Juárez. La versión de las autoridades fue que se trató de un enfrentamiento entre pandillas –Aztecas versus Los Mexicles– durante un intento de fuga. Pero los familiares de los reos fallecidos aseguraron que las huellas en los cuerpos revelaban una ejecución.

Algunos penales han vivido incidentes que no tienen la espectacularidad de otros, pero que si se suman de uno en uno dan por resultado casos como el de Matamoros, donde en los últimos dos años fallecieron 34 presos y se fugaron 41. En octubre pasado ocurrió el último. Era el Día del Preso; empezó con una comilona en los patios y concluyó con una riña con 20 muertos y 12 heridos.

Durango es un estado que acumula riñas y muertes. Del 2 de noviembre de 2008 a la fecha se han registrado aproximadamente 140 muertes de reos en los dos Ceresos de la entidad, y 30 custodios han sido ejecutados en estos incidentes. El saldo más cruento ocurrió el 21 de enero de 2010, cuando 24 reos murieron en una riña en el penal número Uno de la capital del estado. Y en agosto de 2010 la directora del penal número 2, con sede en Gómez Palacio, Margarita Rojas Rodríguez, y 13 trabajadores del reclusorio fueron detenidos por permitir a un grupo de internos salir de la prisión con las armas de los custodios para ejecutar a varias personas en Torreón Coahuila, y volver al encierro.

No sólo en las cárceles del norte del país se han dado estos incidentes. Los veracruzanos mostraron sus dotes de sincronia: el 19 de septiembre de 2011 se fugaron 32 convictos; un grupo estaba en La Toma, en Amatlán de los Reyes, otro en Duport-Ostión, de Coatzacoalcos, y el tercer grupo salió de la cárcel de Cosamaloapan. En el estado de México tuvo lugar uno de los motines más numerosos. Ahí, 700 reos del penal Neza-Bordo armados con piedras, palos y otros objetos se atrincheraron y tomaron en rehenes a 16 custodios, 12 de los cuales resultaron lesionados. Exigían la destitución de los funcionarios del penal y mejores condiciones alimenticias.

En los penales de este país ocurre de todo. En el de Ciudad Juárez se han documentado orgías con prostitutas que no tienen problema para ingresar al recinto penal; en Acapulco, peleas de gallos, y en Querétaro, corridas de toros. Por qué entonces tendría que sorprender que a La Pelirroja, Gabriela Elizabeth Muñiz Tamez, la arrancaran de las manos de sus custodios del penal de Topo Chico –se dirigía a una revisión médica al Hospital Universitario– para colgarla la mañana de un viernes de enero de 2011 en el puente peatonal de la avenida Gonzalitos, en pleno centro de Monterrey.