A casi año y medio de haberse ubicado las primeras fosas clandestinas con los cadáveres de 72 migrantes de Centro y Sudamérica en San Fernando, Tamaulipas, las familias de al menos la mitad de las víctimas siguen en espera de la repatriación de los cuerpos para darles cristiana sepultura.

En una carta dirigida a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Instituto Nacional de Migración (INM), 120 organizaciones civiles, entre ellas grupos de protección a migrantes en Guatemala y El Salvador, denunciaron que han sido trámites legales y administrativos, más que científicos, los que han retrasado la entrega, y ponen en duda las declaraciones del presidente Felipe Calderón, quien el pasado 8 de febrero informó de la plena identificación de todos los cuerpos.

Entendemos que, dadas las circunstancias, la identificación de los cadáveres no fue cosa rápida o fácil, pero han sido los trámites legales y burocráticos los que han retrasado la entrega de los cuerpos a sus familiares, y el gobierno mexicano debe entender que estas personas no han logrado cerrar sus heridas, señala la Casa del Migrante de Guatemala.

Otros firmantes, como la Asociación Regional para Migraciones Forzadas de Honduras y la Coalición por los Derechos Humanos y Laborales de los Migrantes, de El Salvador, cuestionan la falta de resultados y claridad en las investigaciones para dar con los responsables de la matanza.

“Se nos ha informado –dicen en la misiva– que detuvieron al responsable intelectual de esta masacre, y a cinco personas más, pero en realidad hasta hoy siguen siendo presuntos responsables. Además, ninguno ha sido juzgado y sentenciado, por lo que solicitamos a las dependencias responsables brinden mayor información.”

Las organizaciones piden apresurar los trámites de entrega de los restos, a fin de que los familiares de las víctimas finalmente puedan darles cristiana sepultura y concluir un duelo por el que aún continúan sufriendo.

Desde el inicio de las investigaciones, el gobierno mexicano solicitó a países centroamericanos muestras de ADN para garantizar la identificación positiva de los primeros 72 cuerpos, en cuya autopsia intervienen especialistas de El Salvador y Guatemala, entre otros.

A los primeros 72 migrantes masacrados se sumaron en el transcurso de 10 meses 193 cadáveres. Hasta el pasado mes de noviembre, de este segundo grupo se habían identificado poco más de 30 cuerpos, de acuerdo con información de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo). Ese mes se entregaron cuatro cuerpos recuperados del segundo grupo de fosas: tres originarios de Guanajuato y uno de Tamaulipas, localizados en marzo pasado.

Entre los elementos que los familiares facilitaron a la Procuraduría General de la República (PGR) para la identificación de las víctimas se encuentran fotografías, expedientes dentales, muestras orgánicas y documentación con huellas dactilares.